En contacto con el comisionado del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, Orlando Castillo, detalló que fueron notificados por la abogada Gloria Duarte Montiel sobre el caso de su cliente Jorge Fernando Mora Galeano, quien habría sido sometido a torturas por parte de agentes policiales en el operativo Veneratio.
El procesado por crimen organizado no cuenta con condena y se encontraba cumpliendo prisión preventiva en la zona llamada admisión del penal de Tacumbú. Además, aseguró no pertenecer al clan Rotela.
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El comisionado explicó que el juzgado a cargo ya dispuso la constitución de un médico forense y que el MNP registró el caso como una más de las denuncias por tortura que recibieron tras el operativo Veneratio.
En ese sentido, explicó que muchos presos resultaron heridos sin ser parte del clan Rotela y que incluso recibieron golpes por parte de la fuerza policial, aunque ya estaban entregados.
“Tenemos denuncias por violencia abusiva, inclusive cuando ya estaban entregados, recibían patadas y cachiporrazos, también de camino a otra cárcel”, detalló.
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Asimismo, sostuvo que 700 personas fueron trasladadas al azar y había adultos de 65 años con enfermedades que reciben medicación constantemente.
Entre las denuncias, relató que agentes del Grupo Lince habrían golpeado a todos los presos que se encontraban en un ómnibus para el traslado, tras la muerte de un agente del mismo grupo, según el relato de los internos.
En otro de los ómnibus, se utilizaron los cintillos como método de tortura, ajustándolos hasta que les entre en la piel. Unos 70 internos denunciaron lo del cintillo durante su traslado a Emboscada.
En el caso de los 11 internos fallecidos, manifestó que se solicitó al Ministerio Público que aplique el Protocolo Minnesota, ya que fallecieron bajo custodia del Estado y a causa de disparos de arma de fuego, con lo que el Ministerio Público deberá analizar si existió necesidad del uso de armas letales, entre otros factores relacionados al procedimiento.
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Castillo advirtió que las familias podrían denunciar las muertes incluso a nivel internacional y que la Fiscalía debe esclarecer el procedimiento, ya que no solo los policías que resguardaban el perímetro tenían armas de fuego, sino también los militares.
Por otra parte, sostuvo que también están insistiendo con la investigación de la muerte del agente del Grupo Lince, para saber si su muerte no se pudo evitar y si existe alguna responsabilidad de los superiores, como también tratar de identificar al responsable de su muerte.
Con respecto al uso de armas de fuego por la fuerza pública en el interior del penal de Tacumbú y la tenencia de armas por parte de reclusos, indicó que la Fiscalía debe evaluar si había un riesgo de los agentes que justifique el uso, ya que no solo se debe proteger la vida de los policías y militares, sino también la de los reclusos.
Un total de 708 presos fueron trasladados a diferentes cárceles del país, en el marco del operativo Veneratio, que unió a las fuerzas policiales y militares el lunes 18 de diciembre pasado para recuperar el control del penal de Tacumbú, donde los presos tenían fusiles, armas cortas, y hasta dinamita.
