El juicio oral y público contra un hombre de 42 años, acusado por un supuesto hecho de abuso sexual en niños contra su sobrina, fue suspendido por séptima vez tras una nueva recusación presentada por el abogado Toribio Vázquez Bogado, defensor del acusado, quien sigue gozando de arresto domiciliario, situación que generó indignación en la familia de la víctima y fuertes cuestionamientos al sistema judicial.
El procedimiento se realiza en el Palacio de Justicia de Saltos del Guairá, Departamento de Canindeyú.
Los familiares sostienen que las reiteradas postergaciones constituyen una forma de revictimización, ya que la víctima y su familia se ven obligadas a esperar indefinidamente una resolución judicial mientras el proceso permanece paralizado.
La defensa volvió a recusar al Tribunal de Sentencia integrado por Benito Ramón González (presidente), más los miembros Gustavo Villaverde y Cinthia Espínola. El proceso quedó nuevamente postergado; la querella pidió revocar el arresto domiciliario del acusado y enviarlo a prisión.
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Señalan, además, que las chicanas impulsadas por Vázquez Bogado se repiten una y otra vez sin que, hasta el momento, se haya aplicado ninguna sanción al abogado defensor.
Ante este nuevo aplazamiento, la querella adhesiva solicitó a la Cámara de Apelación, integrada por Ramón Trinidad Zelaya, Carlos Domínguez y Luz María Teresita Torres, la revocatoria del arresto domiciliario del que goza el acusado y pidió que sea remitido a una cárcel, argumentando que las continuas chicanas evidencian una conducta orientada a evitar el inicio del juicio oral.
La familia de la víctima expresó su profunda preocupación por la falta de una respuesta firme de la Justicia y reclamó que el proceso avance sin más dilaciones, advirtiendo que cada suspensión prolonga el sufrimiento de la víctima.
Piden justicia
El caso se remonta al año 2019, cuando la niña, según la denuncia presentada ante las autoridades, habría sido víctima de abuso sexual por parte de un familiar mientras sus padres se encontraban en un sanatorio por una delicada intervención quirúrgica.
La familia de la niña insiste en que no busca una condena anticipada, sino que el juicio oral y público se realice sin más demoras para que las pruebas sean analizadas y un tribunal dicte una sentencia conforme a derecho.
Mientras tanto, sostiene que las reiteradas postergaciones afectan el derecho de la víctima a obtener una justicia oportuna y generan un fuerte cuestionamiento ciudadano sobre la eficacia del sistema judicial para resolver causas de alta sensibilidad.
