Cinco años después de la denuncia por el presunto abuso sexual infantil, que tuvo por víctima a una niña en ese entonces de 9 años, su familia asegura que la causa se encuentra atrapada en una interminable cadena de dilaciones judiciales que, hasta hoy en día, impiden la realización del juicio oral y público del caso.
De acuerdo con los antecedentes del expediente, el debate oral ya fue suspendido en seis oportunidades, principalmente a raíz de incidentes promovidos por la defensa del acusado, entre ellos cambios de abogados, certificados médicos y otros recursos procesales.
Para los padres de la menor, estas actuaciones constituyen maniobras dilatorias destinadas a evitar que el juicio llegue a desarrollarse.
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La última suspensión ocurrió hace 22 días. Desde entonces, el Tribunal de Sentencia, integrado por Benito Ramón González, como presidente, y Gustavo Villaverde y Cintia Espínola como miembros, aún no fijó una nueva fecha para la continuidad del juicio, situación que incrementa la incertidumbre y la frustración de la familia.
A ello se suma que la defensa del acusado presentó un recurso de apelación contra actuaciones del tribunal.
El expediente se encuentra en la Cámara de Apelación en lo Penal de Canindeyú, integrada por Ramón Trinidad Zelaya, Carlos Rodríguez y Luz María Teresita Torres, que, según denuncian los familiares, tampoco emitió resolución luego de 22 días de trámite.
Los padres sostienen que la sucesión de suspensiones y la falta de una respuesta oportuna de los órganos judiciales terminan favoreciendo la prolongación del proceso. Afirman que cada nueva postergación profundiza el sufrimiento de la víctima y de toda la familia, que desde hace cinco años espera una resolución de la Justicia.
El caso
El caso se remonta al año 2019, cuando la niña, según la denuncia presentada ante las autoridades, habría sido víctima de abuso sexual por parte de un familiar mientras sus padres se encontraban en un sanatorio por una delicada intervención quirúrgica.
La familia de la víctima insiste en que no busca una condena anticipada, sino que el juicio oral y público se realice sin más demoras para que las pruebas sean analizadas y un tribunal dicte una sentencia conforme a derecho.
Mientras tanto, sostiene que las reiteradas postergaciones afectan el derecho de la víctima a obtener una justicia oportuna y generan un fuerte cuestionamiento ciudadano sobre la eficacia del sistema judicial para resolver causas de alta sensibilidad.
