12 jun. 2026

No permitir que la impunidad se convierta en la marca país

Un deshonroso pacto de impunidad se cerró en la Cámara de Diputados, cuando las bancadas de Colorado Añetete y Honor Colorado ignoraron denuncias de instituciones del Estado paraguayo: Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), a Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac), la Auditoría General, y la Contraloría General de la República (CGR) para salvar al gobernador cartista Hugo Javier González de la intervención de la Gobernación de Central. El mismo día, en otro ámbito salvaron a otro diputado colorado cartista: el Tribunal de Sentencia extinguió el caso del diputado Tomás Rivas, sobreseyéndole del caso “Caseros de oro”, quienes percibían salarios de Diputados, cuando en realidad cuidaban las propiedades del legislador. Las decisiones de la Justicia y de Diputados se sienten como una derrota en la lucha contra la corrupción en el Paraguay.

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Foto: Archivo ÚH.

Cuatro instituciones del Estado paraguayo con sendos informes y denuncias sobre la gestión del gobernador de Central Hugo Javier González de un lado, y del otro un grupo de amigos, todos pertenecientes al Partido Colorado; ganó el bando que prefirió que el Paraguay siga siendo el reino de la impunidad.

En la última sesión del año, los diputados de las bancadas Colorado Añetete y Honor Colorado salvaron al gobernador cartista Hugo Javier González de la intervención de la Gobernación de Central. Estos pactaron el blanqueo desde la misma conformación de la comisión especial que iba a investigar y así lograron armar un plan de defensa, con el argumento básico de que no existían obras fantasmas, y que los hechos punibles deberían quedar en el ámbito penal.

Los diputados del movimiento Colorado Añetete, grupo liderado por el mismo Presidente Abdo, echó por tierra el trabajo de investigación y recolección de documentos de cuatro instituciones del Poder Ejecutivo. Un informe de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), reveló la falsificación de facturas por USD 1 millón, para justificar los fondos de la Ley de Emergencia por Covid-19; de la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac), que junto con la SET presentó una denuncia ante la Fiscalía y reveló facturas adulteradas para justificar el presupuesto 2019; la Auditoría General, que constató que la Gobernación entregó dinero a una ONG que no tenía capacidad técnica ni financiera, y la Contraloría General de la República (CGR), que informó que la Gobernación no pudo respaldar gastos de su presupuesto de 2019 por G. 18.000 millones. Sumado a todo esto, la Junta Departamental de Central denunció pagos dobles por obras ya existentes. El regalo de los diputados colorados al gobernador Hugo Javier González es una grave ofensa a la ciudadanía toda, quien con gran esfuerzo ha logrado salir adelante en los difíciles tiempos de la pandemia del Covid, soportando penurias mientras la Gobernación de Central utilizaba millones destinados a la emergencia y hoy simplemente ni se molesta en justificar la utilización de aquellos recursos destinados a ayudar a los más necesitados.

El golpe de gracia vino desde el Tribunal de Sentencia el que decidió extinguir el caso del diputado Tomás Rivas, sobreseyéndole pues este acordó pagar G. 121 millones como reparación del perjuicio patrimonial que infringió en el caso conocido como caseros de oro.

Los caseros “de oro” del diputado Rivas, Reinaldo Chaparro, Nery Franco y Lucio Romero, a diferencia del legislador, sí fueron condenados a 2 años de cárcel con suspensión a prueba de la ejecución de la pena; fueron hallados culpables por cobro indebido de honorarios, porque recibían salarios de la Cámara de Diputados, cuando en realidad cuidaban las propiedades del legislador colorado, tal como lo reveló una investigación periodística de ÚH.

Las decisiones de la Justicia y de Diputados se sienten como una derrota en la lucha contra la corrupción en el Paraguay. La cámara de la vergüenza ha honrado una vez más su apodo; y junto con la Justicia convierten al país en el reino de la impunidad.

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