Nuevamente nos hemos de enfrentar a situaciones de extremada violencia; la primera de ellas se trata del crimen de una adolescente de 14 años y la segunda un posible caso de feminicidio y homicidio de un niño de 12 años. Es urgente y necesario que las instituciones del Estado mejoren sus prácticas para evitar que estos hechos se conviertan en normales en nuestra sociedad.
Hace unos días, una mujer y un niño de 12 años fueron hallados muertos tras el incendio de una vivienda en Tupãrenda, distrito de Abaí, en Caazapá. El caso está siendo investigado como un posible feminicidio y homicidio.
En otro caso, después de haber estado desaparecida por varios días la adolescente Roselín, de 14 años, fue hallada sin vida. Sucedió en Caazapá y están imputadas tres personas, dos de ellas menores de edad.
De acuerdo con lo que dieron a conocer las autoridades, Roselín había fallecido ahogada, según el informe forense. Posteriormente, en el mismo lugar, los presuntos autores desmembraron el cuerpo y lo colocaron en cajas de cartón para luego enterrarlas en la casa de la abuela del joven de 21 años, en un asentamiento en Caazapá. El joven de 21 años de edad se expone a 30 años de cárcel por homicidio doloso, mientras la amiga de la adolescente y el otro implicado, de 16 años se exponen a 10 años de cárcel.
En Caazapá tuvo lugar hace un par de días un hecho de extrema violencia hacia una mujer de 38 y un niño de 12 años; los agentes ingresaron a la casa después de que hubieran apagado el incendio de la casa y hallaron a la mujer y al menor muertos. Fue un incendio presuntamente provocado por quien era pareja de la mujer. Un adolescente de 15 años también estaba dentro de la vivienda incendiada y pudo ser rescatado. El hombre fue detenido como sospechoso.
De acuerdo con los datos del Ministerio Público, hasta el mes de agosto se cuentan ya 17 víctimas de feminicidios en Paraguay que deja además otra consecuencia colateral de 33 hijos como víctimas indirectas, de los cuales 24 son menores de edad. Al mismo tiempo, se reportan 25 casos de tentativa de feminicidio y otras muertes violentas que están en investigación.
Las cifras no logran, sin embargo, expresar la dimensión del horror y la brutalidad que exhiben estos casos ocurridos recientemente y, sin duda, deberían llevarlos como sociedad a una profunda y seria reflexión.
Hace unos días, precisamente, organizaciones no gubernamentales se manifestaron frente al Palacio de Justicia para recordar el Día de la Solidaridad y Resarcimiento a Víctimas y Sobrevivientes de Violencia Sexual, exigiendo acciones concretas frente al abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes.
Apuntaron a que el Estado tiene la obligación de proteger a los niños y garantizar el acceso a la Justicia y respecto a la educación y prevención, exigieron el cumplimiento efectivo en las escuelas del protocolo del Ministerio de Educación para la intervención oportuna en los casos de violencia sexual, ocurridos en el ámbito familiar o institucional.
Es importante señalar que la educación es una de las claves, lo mismo que la implementación de una política pública de educación integral de la sexualidad que permita prevenir, identificar y actuar en situaciones de violencia.
Por otra parte, como señalaba en un podcast de ÚH la sicóloga Alma Segovia, Paraguay carece de una prevención a nivel criminológico, que nos haga contar con planes de trabajo, que se trabaje en la primera línea de salud mental.
A criterio de la profesional, se debe empezar a trabajar en las políticas públicas para la prevención del delito y también apuntó a una mayor cantidad de sicólogos en las cárceles del país. “Ver qué está haciendo el Estado con perspectiva de género; por ejemplo, de derechos humanos, perspectiva de infancia, de adultos mayores. Esos son todos los ámbitos donde se tiene que trabajar. Si yo no pienso desde una perspectiva de género, de infancia, de adulto mayor, no voy a poder hacer nada”.
No se puede permitir, sobre todo, la normalización de los hechos de violencia; la sociedad paraguaya debe involucrarse activamente en la defensa y el cuidado de niños y niñas, adolescentes y mujeres. Tampoco se debe volver normal soportar maltratos y abusos y para eso es necesaria la acción de las instituciones del Estado, en particular la justicia y la seguridad. Educación, salud, la policía y también la justicia deberían articular sus acciones en la emergencia en la que nos encontramos.
