Todavía estamos lejos de poder celebrar una victoria o sentir como una reivindicación, pero la reciente imputación a dos ex presidentes del Instituto de Previsión Social (IPS) por presunta millonaria defraudación se ve como un inicio, mientras tanto a Emergencias del IPS le faltan camas y médicos. Se espera que la Justicia investigue por fin las tantas denuncias sobre el IPS.
Ciertamente la llegada de un nuevo presidente del Instituto de Previsión Social insufló alguna esperanza de cambio. Al poco tiempo de haber asumido el doctor Isaías Fretes se abrió la caja de Pandora. En los primeros meses de su presidencia fueron saliendo a la luz, casi a diario, nuevos tipos de irregularidades, mientras la deuda con los asegurados seguía creciendo.
Uno de los temas que fueron detectados fue un presunto esquema de manipulación de registros informáticos, que habría permitido ocultar deudas por aportes obrero-patronales superiores a G. 7.670 millones. El informe involucraba a 14 funcionarios cuyos usuarios aparecían vinculados a alteraciones realizadas entre enero de 2024 y mayo de 2025, habiendo beneficiando a 59 empresas. A través de estas operaciones, las obligaciones impagas fueron transferidas desde empleadores originales a otras firmas.
Cambiaban el número de RUC y la razón social de una empresa deudora dentro del sistema informático, manteniendo el identificador interno del empleador, así la deuda dejaba de aparecer asociada a la empresa original y pasaba a figurar bajo otra identidad, generando la apariencia de que la patronal inicialmente morosa se encontraba al día con sus obligaciones. Según la auditoría, algunos datos fueron transferidos incluso a personas fallecidas, contribuyentes inexistentes o registros que no coinciden con las bases tributarias oficiales; en uno de los casos, sustituyeron con datos de una persona de 117 años.
Ahora, por otro tipo de irregularidades, la Fiscalía imputó y pidió la prisión preventiva de dos ex presidentes del IPS, quienes habrían defraudado en montos millonarios a la previsional con la compra de quirófanos modulares. El eje de todo es un contrato que buscaba reacondicionar e instalar quirófanos en el séptimo piso del Hospital Central del IPS. Los quirófanos nunca se instalaron, los plazos vencieron y ahora hay casi una decena de imputados.
La ciudadanía espera que la Justicia se ponga de pie y por fin accione. Esto es tan importante como necesario, pues como publicaba Última Hora, el Ministerio Público tuvo durante dos años sin avanzar en la causa donde se presumían irregularidades en la licitación entre el Instituto y la empresa Neighpart Saeca para la compra de los quirófanos.
Después de dos años sin novedades, Isaías Fretes había expuesto públicamente un contenedor donde se encontraron objetos que pertenecerían a la licitación del quirófano modular, y a partir se volvió a mover la causa.
Este año se había dado a conocer el informe de auditoría de la Contraloría General, “Seguimiento de evaluación del plan de mejoramiento de la Auditoría de cumplimiento al IPS”, acerca del ejercicio fiscal 2024 de la administración de Jorge Brítez. Dicho documento era una confirmación de la situación de crisis en la que se encuentra la previsional y explicaba las carencias y deficiencias que afectan a los asegurados. Entre ellos, refería el informe a las quejas y los reclamos acerca de la casi imposibilidad para conseguir turnos a través del Call Center, la falta de medicamentos e infraestructura, así como también diferencias en la aplicación de descuentos por llegadas tardías a funcionarios permanentes y al personal contratado, beneficiando a un grupo de privilegiados, así como el reparto de bonificaciones por responsabilidad a directores, lo que no se ajustaban a la normativa vigente; mientras en las clínicas periféricas y puestos de salud como en Capiatá, Itauguá o San Antonio, los asegurados deben soportar largas esperas, la falta de médicos y de insumos. Sobre esto también el Sindicato Nacional de Médicos había advertido, y las renuncias masivas de médicos, cansados del exceso de trabajo, la falta de equipos que los obliga a trabajar con precariedad.
Es urgente que la Justicia investigue y llegue hasta lo más profundo de la corrupción, que por décadas se ha apoderado de una institución como el IPS, que se sostiene con el aporte de los trabajadores y empleadores. El Instituto de Previsión Social debe dejar de ser el botín político del Partido Colorado; es hora de que se haga justicia con los responsables directos y también con quienes sostuvieron políticamente la corruptela.
