12 ago 2026

Autoridades en alerta ante la posible llegada de Bataglia

Migraciones. Se aguarda la llegada del exterior de Vicente Bataglia para ponerse a disposición de la Justicia.

bataglia cartel.jpg

Escrache. Pancarta de protesta que amaneció en la verja de la vivienda de Bataglia en San Bernardino.

Foto: Gentileza.

Autoridades de seguridad del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi se encuentran en alerta ante la inminente llegada del ex presidente del Instituto de Previsión Social (IPS) Vicente Bataglia para someterse al proceso judicial en su contra por presunta lesión de confianza.

El médico y ex administrador público regresa desde la ciudad de Roma, en Italia, donde asistía a un curso de capacitación desde el 23 de julio.

Sin embargo, su situación jurídica cambió drásticamente el pasado 4 de agosto, cuando el Ministerio Público solicitó su captura luego de formular una imputación en su contra por supuesta lesión de confianza tras haber avalado –a través de adendas– un contrato de instalación de quirófanos modulares con la empresa Neighpart Saeca, pese a transcurrir el plazo establecido y no avanzar en las obras.

El escrito de la Fiscalía detalla que Bataglia aprobó adendas que otorgaron blindaje jurídico y financiero a la empresa Neighpart Saeca, encargada de la provisión de quirófanos modulares, que ocasionaron un perjuicio de G. 61.000 millones a la previsional.

Retorno. Según fuentes cercanas a Bataglia, anoche el hombre ya estaba en Brasil, aguardando abordar un avión con destino a nuestro país. Sin embargo, al cierre de nuestra edición, el médico Vicente Bataglia aún no llegaba a tierras paraguayas, por lo que su llegada estaría prevista en las primeras horas de hoy.

Una vez que pise territorio nacional, Bataglia, en cumplimiento a una orden de detención pendiente de la Fiscalía, sería arrestado en la terminal aeroportuaria en las oficinas de Migraciones, para luego ser trasladado hasta el Poder Judicial, donde deberá ser puesto a disposición del juez de Delitos Económicos Rodrigo Estigarribia para su audiencia de imposición de medidas.

La causa está siendo investigada por el agente fiscal Julio Ortiz, quien determinó que hasta ahora ni los quirófanos ni placas fotovoltaicas se instalaron y que los entonces presidentes habrían favorecido a la empresa.

Ante esta situación, formuló imputación contra los ex titulares del IPS Vicente Bataglia y Jorge Brítez, además de otros siete ex directores de la previsional.

En la causa, el agente fiscal también mencionó que la investigación ahora tiene en la mira determinar las responsabilidades de los miembros del Consejo de Administración que avalaron las adendas con las que se permitieron desembolsar los pagos, pese a las serie de incumplimientos detectados por auditoría.

“Ladrón de IPS”. En la mañana de ayer, un cartel de protesta fue hallado instalado en la muralla de un inmueble perteneciente al médico Vicente Bataglia, ubicado en la ciudad de San Bernardino, Departamento de Cordillera.

El letrero rezaba la siguiente contundente frase: “Aquí vive el doctor Bataglia, ladrón de IPS”.

De esta forma, pobladores de la ciudad veraniega se hacen sentir respecto al malestar por los recientes hechos de corrupción que la Fiscalía le atribuye al ex presidente del Instituto de Previsión Social.

Más contenido de esta sección
Omisión. Un informe de Auditoría Interna revela graves irregularidades ignoradas por el Consejo.
Fallas. Informe detalla que omitieron tareas básicas, como planificación antes de contratar.
En forma unánime, por duda, el Tribunal de Sentencia absolvió esta tarde a la ex jueza Civil, Tania Irún, del presunto delito de prevaricato, conforme señalaron los magistrados. La fiscalía había pedido 3 años de cárcel, y la querella adhesiva 6 años de encierro, mientras la defensa la absolución.
Los agentes fiscales Giovani Grisetti, Yeimy Adle y Nathalia Silva presentaron acusación y pidieron elevar a juicio oral la causa contra el ex ministro de Obras Públicas, Arnoldo Wiens, por la suspensión de las obras del Metrobús.
Cuatro procesados, entre ellos, abogados y oficiales de Justicia, fueron condenados en un procedimiento abreviado a penas de 2 años de cárcel, con la suspensión de su ejecución, pero deberán donar sumas de dinero como reparación del daño social.