Además de la inseguridad y el pésimo transporte público, padecimientos que soporta la ciudadanía a diario, la crisis de la salud pública y la desigualdad son problemas graves que afectan a la población. En este contexto, seguir defendiendo y justificando la jubilación vip para diputados y senadores es inaceptable y resulta desconsiderado con el sufrimiento del pueblo.
Todo apunta a indicar que en breve se podría tener una definición en cuanto a la ley que crea el Fondo de Jubilaciones y Pensiones de los parlamentarios. La intención es modificar algunos aspectos relacionados con la cantidad de años de aporte y, al mismo tiempo, se pretende elevar la edad para que los legisladores puedan acogerse a los beneficios de la jubilación.
La discusión y el debate se llevarían a cabo hoy, ya que es inminente una sanción ficta es por eso que en la fecha la Cámara de Diputados está prácticamente obligada a tratar el polémico tema.
No obstante, ningún cambio que puedan llegar a introducir los diputados sería muy significativo, pues no se nota la intención de parte de los legisladores de cortar la condición de privilegio con que se jubilan los miembros del Congreso Nacional.
Antes de que el documento llegara a Diputados, en la Cámara de Senadores había sido postergado su estudio una decena de veces. Pero después de discusiones y confusiones, los senadores aprobaron la versión de Diputados para acceder a la jubilación ordinaria a los 60 años y con 180 meses de aporte, en tanto que para la extraordinaria elevaron la edad a 60 años respecto a la versión de Diputados que establecía 55 años, pero mantuvieron los 120 meses de aporte.
Se debe mencionar que, actualmente, los legisladores pueden jubilarse de forma ordinaria a los 55 años de edad y 15 años de aporte, y de manera extraordinaria con 60 años de edad y 10 años de aporte.
El parlamentario que se acoja a la jubilación ordinaria podrá recibir el 80% del promedio de sus dietas y gastos de representación, mientras que la extraordinaria establece que el monto será del 60% de la dieta y el gasto de representación.
Otro detalle es que incluye la posibilidad de retiro de los aportes de aquellos que no se acojan a la jubilación, este retiro será de hasta el 95% del total aportado para la Caja, un privilegio al que no puede acceder el trabajador que aporta al IPS.
La jubilación de privilegio para diputados y senadores representa no solamente la terrible desigualdad que impera en nuestro país. Supone al mismo tiempo una injusticia, pues como es sabido mientras los que deberían representar al pueblo ante el Parlamento accederán a pensiones de privilegio, una gran masa de trabajadores ni siquiera pueden soñar con llegar a la jubilación debido a la elevada tasa de informalidad que hay en el Paraguay.
Las autoridades electas y los funcionarios no necesitan mostrar simpatía con la población, pues eso es opcional, mientras que al haber sido electos por el pueblo tienen la obligación de trabajar y lograr que la gente pueda tener una vida digna con bienestar. Y esto no es opcional, las autoridades de los tres poderes del Estado tiene esta obligación.
Es inaceptable desde este postulado, que los paraguayos y paraguayas sigan soportando la ausencia, por ejemplo, de un eficiente y moderno servicio de transporte público en todo el país o que la población se vea obligada a solventar la salud pública con polladas y rifas puesto que por la corruptela y la pésima gestión de autoridades y funcionarios, no hay medicamentos ni insumos en los hospitales públicos, sin mencionar la violencia urbana que azota a prácticamente todas las ciudades del país y golpe particularmente a los trabajadores.
Mientras la población mayoritaria del país sigue padeciendo estas carencias, es inaceptable que diputados y senadores permanezcan en sus torres de marfil disfrutando de privilegios inmerecidos.
Como bien afirmaba el obispo del Chaco en una homilía durante la fiesta de la Virgen de Caacupé: “Hay ciertos signos que nos hablan de que algo no está funcionando bien. Cuando yo veo que hay una clase política que lleva una vida principesca, mientras el pueblo realiza sus polladas, tallarinadas o pancheadas para ver cómo ayudar a sus enfermos o familiares que no cuentan con un seguro médico”. Y concluye: ”Toda persona que quiera ejercer un servicio político y público, es para servir al pueblo y no servirse del pueblo; las autoridades están para crear leyes, para mejorar la calidad de vida del pueblo y no al revés”.
