Las recientes declaraciones del ministro de Economía y Finanzas confirman el desorden de las cuentas públicas al transparentarse el aumento del déficit público al 3,2% con la incorporación de las deudas a proveedores equivalentes a USD 1.270 millones. De esta manera, la política fiscal abandona el límite del 1,5% del producto interno bruto (PIB), establecido por la Ley de Responsabilidad Fiscal por al menos dos años más hasta 2028. Este aumento de la deuda no es solo un problema financiero, ya que sus efectos se traducirán en restricciones al financiamiento de políticas imprescindibles para la población como las de educación, salud, protección social y agricultura.
La credibilidad macroeconómica de Paraguay estuvo históricamente anclada a su equilibrio fiscal, materializada en la Ley de Responsabilidad Fiscal. Sin embargo, la gestión de las finanzas públicas enfrenta por segunda vez pasivos no registrados.
En efecto, uno de los indicadores más importantes como del déficit fiscal se corregirá al alza de manera significativa pasando de un límite deseado de 1,5% del PIB a más del doble con una estimación del 3,2% en 2026 y 3,9% en 2027.
Según los datos oficiales, si se extrae el componente de amortización de deudas atrasadas, el déficit público en 2026 sería del 2%. La diferencia de 1,2 puntos porcentuales está explicada por la gestión de deudas con proveedores del Estado no incorporados a las cuentas públicas en su debido tiempo. Una dinámica similar se observará en 2027 elevando el indicador al 3,9%.
El sector sanitario y farmacéutico representa el grueso de la deuda con un pasivo de USD 1.050 millones. El atraso en estos pagos no solo genera tensiones contables, sino que pone en riesgo el suministro continuo de medicamentos e insumos básicos para el sistema de salud pública, amenazando con profundizar una crisis sanitaria.
El sector de obras públicas (MOPC) concentra los restantes USD 220 millones. La falta de pago a las empresas constructoras tiene un efecto recesivo directo, paralizando la formación bruta de capital fijo, destruyendo empleos en el rubro de la construcción y ralentizando el crecimiento económico potencial.
Para hacer frente a este shock de pasivos el Ministerio de Economía plantea saldar la deuda con las empresas farmacéuticas con la cesión de derechos de cobro a través del sistema financiero privado. El Gobierno estima colocar entre USD 400 y USD 450 millones bajo esta modalidad. En la práctica, los bancos compran la deuda, inyectando recursos a las farmacéuticas, mientras que el Estado asume el compromiso de repagar a las entidades financieras en un plazo amortizado de 36 meses.
Para el saldo restante que incluye parte de la deuda de salud y la totalidad de obras públicas, el MEF plantea recurrir a herramientas tradicionales: Emisión de bonos soberanos o la adquisición de créditos multilaterales, procesos que requerirán la autorización del Congreso Nacional.
El desafío de la convergencia no radica únicamente en la gestión del gasto, sino también en el comportamiento de los ingresos públicos. Los ingresos muestran signos negativos por el estancamiento de las recaudaciones impositivas y los menores ingresos provenientes de las entidades hidroeléctricas binacionales (Itaipú y Yacyretá).
Adicionalmente a estos problemas se agrega la calidad del gasto, ya que gran parte de la deuda incluye sobrecostos, implican mala calidad de los bienes y servicios contratados y pésima gestión de los contratos, tal como se está evidenciando en la gestión del Instituto de Previsión Social.
Lamentablemente, si bien se supone que hay una solución al problema, tendrá un efecto negativo importante en la oferta pública de servicios, profundizando la deuda social que el Estado mantiene con la ciudadanía.
