El cargo de Contralor General de la República es altamente codiciado por los partidos políticos, pues se trata de la persona encargada de vigilar, controlar y proteger el Tesoro Público.
En total, hay 49 postulantes que inscribieron sus nombres para contralor y subcontralor para el periodo 2026-2031, de los cuales 22 se anotaron en ambos cargos, buscando aumentar sus chances de elección.
Las dos ternas deberán ser elegidas por el pleno de la Cámara de Senadores, donde ya se empiezan a mover las fichas en torno a las negociaciones políticas. Posteriormente, serán remitidas a la Cámara de Diputados.
La oposición, de nuevo, no puede ponerse de acuerdo en elegir a un candidato; solo coinciden en que el cupo debe ser de ellos, respetando un histórico pacto azulgrana.
Por el lado del Partido Colorado, ellos no quieren ceder ese espacio, al igual que en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) y el Consejo de la Magistratura (CM).
El debate sería interesante si las discusiones se centraran en la idoneidad y en el fiel compromiso con la transparencia por encima de cualquier político o poder de turno. Pero estos requisitos aquí no son necesariamente excluyentes, como sí, tal vez, lo son en los papeles y en realidades paralelas.
Dentro de la consigna oficialista de que un funcionario alineado a sus fines es quien debe heredar el sillón de la Contraloría, Camilo Benítez y Augusto Paiva podrían ser el dúo perfecto.
Tampoco se puede descartar al abogado y contador Gerardo Manuel González Báez, hermano del apoderado y mano derecha de Horacio Cartes en la ANR, Eduardo González, quien, al mismo tiempo, es asesor jurídico de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY).
Las fichas están con Camilo Benítez, cuyo rekutú –según el análisis de Estela Ruiz Díaz– es casi un hecho, incluso si ello representa un riesgo para la democracia, como advierten varios especialistas.
Benítez fue el primer colorado en ocupar la titularidad del órgano extrapoder, desde hace más de siete años.
Su primer periodo fue uno complementario, cuando el 24 de abril del 2019 juró como reemplazante del renunciante Enrique García, quien de todos modos iba a ser expulsado a través de un juicio político.
Hasta antes de su juramento, Benítez se desempeñaba como subcontralor.
Luego, junto con Paiva, fueron nuevamente designados para continuar en sus cargos por el periodo 2021-2026, aunque ya no contaban con la validación del Frente Guasu ni del Partido Democrático Progresista (PDP).
Sin embargo, en el nuevo escenario político, la oposición rechaza su posible redesignación, al no ocultar su sintonía con el cartismo, en especial luego de blanquear al presidente Santiago Peña en el examen de correspondencia, al ignorar el crecimiento patrimonial de G.20.000 millones que amasó entre el 2017 y el 2023.
A pesar de su indisimulable acercamiento al oficialismo, no termina de agradar al presidente del Congreso, Basilio Bachi Núñez, porque “su vara está muy contra los colorados”. Pero, no descartó su voto a favor y adelantó que hará lo que dictamine el bloque.
Más allá de los pareceres políticos, la Constitución Nacional establece los parámetros de la duración de los cargos en la Contraloría General de la República.
En su artículo 281 dice: “Durarán cinco años en sus funciones, los cuales no serán coincidentes con los del mandato presidencial. Podrán ser confirmados en el cargo solo por un período más, con sujeción a los mismos trámites. Durante tal lapso gozarán de inamovilidad, no pudiendo ser removidos sino por la comisión de delitos o por mal desempeño de sus funciones”.
Con esta premisa, cabe preguntarse: ¿Son legítimas las candidaturas de Camilo Benítez y Augusto Paiva? Esta es la primera duda por dilucidar para continuar con la pulseada política.
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