Se viene una semana clave para definir representantes en órganos extrapoderes con una aplanadora cartista que quiere mantener el dominio en todas las instituciones y una oposición que aún no supera sus divisiones. Analistas advierten sobre los riesgos para la democracia cuando no hay contrapeso en las designaciones para el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), Consejo de la Magistratura (CM) y Contraloría General de la República (CGR).
Este martes, vence el plazo para postular por los cargos de contralor y subcontralor, mientras que el miércoles se prevé la designación de representantes del Senado ante el JEM y CM. Los disidentes y opositores reivindican estos espacios como acuerdos históricos con la ANR, pero los colorados al parecer no están interesados en ceder.
Al respecto, el politólogo Guzmán Ibarra explica que cuando un grupo político tiene mayoría legislativa, el Ejecutivo, y además busca copar organismos extrapoderes, lo que se produce es la captura institucional.
“Daña la democracia porque aplana los controles horizontales. Una parte sustantiva de la institucionalidad democrática y el sentido de los pesos y contrapesos republicanos es que el poder no se controle a sí mismo”, alertó.
En ese sentido, se refirió al “autoritarismo competitivo”, un concepto estudiado en Ciencia Política para describir regímenes donde se establecen elecciones, pero al mismo tiempo tiene la cancha inclinada a favor de los dominantes.
“Cuando hay captura, las instituciones dejan de operar como contrapesos y se convierten en una extensión más del grupo dominante”, expresó.
A su vez, el abogado Manuel Riera detalló que Paraguay se rige bajo un sistema complejo que es estudiado como “democracia constitucional”, que tiene como base lo jurídico y político al mismo tiempo.
“Cuando un partido político coopta todos los espacios políticos y jurídicos que estructuran el poder, deja de verse en la aplicación cotidiana aquella aspiración constitucional de limitación jurídica y el Gobierno deja de ser limitado y controlado socavando la democracia”, dijo en la misma línea que Ibarra.
ACUERDOS POLÍTICOS. Por primera vez, el Directorio del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) encomendó oficialmente pelear por el puesto de contralor para un afiliado o para otro candidato opositor, invocando un acuerdo histórico “verbal” con la ANR, entendiendo que no se puede ser juez y parte en una institución que se encarga de revisar el uso de recursos públicos. Sin embargo, es poco probable que ambos sectores se estrechen la mano en esta discusión, según lo dio a entender el propio presidente del Congreso, Basilio Bachi Núñez.
Tanto Ibarra como Riera coinciden en que el problema no son los acuerdos políticos, sino que estos pactos sean utilizados para repartija de cargos. Además, otros mecanismos de elección para los órganos extrapoderes, con una mayoría coyuntural como la que se tiene actualmente, resultados serían los mismos.
El politólogo describe, por un lado, a un oficialismo con poco apego a la institucionalidad y sin un plan país más allá de su líder, pero que ya demostró que utiliza su mayoría de forma autoritaria si lo considera necesario. Por otra parte, observa un “archipiélago opositor que no cumple con su rol”, resaltando la crisis institucional y divisiones del PLRA, que a su criterio lo ubican como un socio poco fiable para una alianza.
“Este es un cóctel peligroso, pues tienes a un oficialismo, con capacidad de imponer decisiones, y una oposición fragmentada, con baja capacidad de coordinación”, señaló.
Riera advierte que cuando la democracia pierde su fuerza canalizadora de ideas distintas para la construcción de consensos, “el medio es suplido por los fines” y es donde se siempre se imponen aquellos que detentan el poder.
“Sin contrapeso político, el disenso no promueve renuncias parciales de intereses, por lo que el acuerdo se ve afectado, pues ya no es necesario para promover programas de gobierno en un sentido u otro. Dicho esto, los elegidos en los órganos extrapoder agregarán más poder al actual, porque su consolidación es condición sine qua non para ser elegidos”, lanzó el abogado.
¿Y LA IDONEIDAD?
Sobre las discusiones en la designación de representantes en la Contraloría, JEM y CM, el politólogo Esteban Caballero rescató que aunque el partido de gobierno controle el Poder Ejecutivo y tenga mayoría absoluta en el Poder Legislativo, no se puede perder de vista que el propósito del proceso de selección es nombrar a las personas más idóneas que sean comprometidas con los fines institucionales. Considera que este criterio ya es una manera de garantizar que los órganos extrapoder y los poderes jurisdiccionales en general ejerzan sus funciones con autonomía.
“El criterio de idoneidad debe primar, inclusive cuando la capacidad sea personificada por un o una parlamentaria que no sea del partido de gobierno. En esos casos la bancada del partido de gobierno debería tener la grandeza de reconocerlo”, apuntó.
Si bien aclara que las normas constitucionales permiten que un partido con mayoría absoluta sea el “factótum” en la selección, considera que el Partido Colorado debería hacer una demostración de apertura hacia la presencia de las minorías políticas en estos espacios.
CASO HERNÁN RIVAS
La idoneidad es justamente un requisito obligatorio para formar parte de los órganos extrapoderes disputados actualmente. El caso del ex senador Hernán Rivas recuperó la discusión al respecto, ya que luego de años protección del cartismo, se vio obligado a renunciar y someterse a la investigación por el supuesto título falso de abogado que utilizó para conformar el JEM y hasta presidirlo.
¿Qué aprendizaje dejó al movimiento Honor Colorado este caso que tanto indignó a la sociedad?
Como académico y abogado, Manuel Riera expresa una fuerte indignación. “El caso de Hernán Rivas tiene un enorme bagaje moral porque repudia el valor del esfuerzo genuino de la gente. Premia el fraude y encumbra la mentira. Escupe sobre lo correcto que se espera para construir una sociedad seria. Y cuando un Gobierno, en vez de reconocerlo y enmendarlo, organiza un almuerzo al día siguiente, con arrogancia, no se aprecia el aprendizaje. Cuando un Gobierno que tiene el poder de enmendarlo y no lo hace, no se aprecia el aprendizaje”, lamentó.
Para Guzmán Ibarra, el caso muestra cómo un movimiento político con poco apego a la institucionalidad puede avanzar cuando no tiene contrapeso político efectivo.
“Simplemente no tiene capacidad de automoderación. Esto es importante porque las democracias no dependen solamente de reglas formales, también dependen de normas informales de autocontención. Es decir, que los actores políticos no hagan todo lo que pueden hacer solo porque tienen los votos para hacerlo”, señaló.
