Apuntan a que el presidente Santiago Peña no está interesado en esclarecer no solo su millonario crecimiento patrimonial, sino además el desfasaje de más de G. 9.000 millones de sus declaraciones juradas presentadas entre el 2017 y 2023.
El abogado Ezequiel Santagada señala además a revisar sus declaraciones impositivas y si sus remuneraciones como director de Basa cumplían con las normas del Banco Central del Paraguay (BCP). Los cálculos de las sospechas de irregularidades parten de la declaración jurada que presentó Santiago Peña en el 2017 por el cese del cargo de ministro de Hacienda. En ese momento reportó un patrimonio neto de G. 1.352 millones, mientras que en el 2023, cuando asumió en el cargo de presidente de la República, el monto subió a G. 23.000 millones, arrojando una diferencia de más de G. 20.000 millones.
Para determinar sus ingresos durante su dedicación al sector privado se tiene en cuenta datos que apuntan a que el mandatario recibió entre mayo de 2018 y diciembre de 2021 en concepto de director del Banco Basa la suma de G. 10.702 millones, información que se toma como cierta teniendo en cuenta que Peña nunca negó los números.
Supuestamente estuvo en el cargo hasta julio de 2022, lo que arroja G. 1.560 millones adicionales a los datos que salieron a luz anteriormente.
Estos montos, sumados a su patrimonio del 2017, tienen como resultado G. 13.614 millones y a su vez representan una diferencia de más de G. 9.000 millones respecto a su declaración jurada del 2023.
Este análisis habían presentado los legisladores de la oposición en su denuncia contra Santiago Peña por supuesto enriquecimiento ilícito y coincide con los cálculos que realizó el abogado Ezequiel Santagada, quien considera que la Fiscalía debe esclarecer este periodo. Criticó a la Contraloría General de la República por omitir el periodo cuestionado en su examen de correspondencia, teniendo como precedente el caso del ex presidente de Petróleos Paraguayos (Petropar) Eddie Jara, quien también fue evaluado.
“A Eddie Jara que estuvo en la misma situación, Petropar, Grupo Cartes, a él sí lo investigaron. Hay un doble estándar lastimosamente, eso no implica que el Ministerio Público no pueda investigar esto”, criticó.
Por otro lado, considera que también se debe investigar si existen inconsistencias entre sus declaraciones impositivas y los documentos que presentó ante la Contraloría, además de indagar con el BCP si sus remuneraciones como directivo de un banco se encontraban dentro de los ratios razonables en función al patrimonio de la entidad.
- G. 13.614 millones de su patrimonio tienen explicaciones sobre el origen, según DDJJ y filtraciones.
- G. 23.000 millones declaró como patrimonio neto en el 2023, cuando asumió como presidente.
Abogado dice que Peña “habilitó” ventana para que le investiguen
El abogado Felino Amarilla cuestionó la postura reacia del presidente Santiago Peña de transparentar su crecimiento patrimonial entre el 2017 y 2023, periodo en el que se dedicó al sector privado y explicó que con la presentación de sus declaraciones en el 2022, como precandidato, en realidad ya habilitó la investigación del origen de sus bienes.
El profesional invocó la teoría de los actos propios en el área del Derecho para explicar que la negativa de Santiago Peña para monitorear su enriquecimiento correspondiente al periodo omitido por la Contraloría General de la República, contradice la propia autorización que otorgó al presentar su Declaración de Intereses Económicos Vinculados al Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), cuando todavía era precandidato por el movimiento Honor Colorado. “Es decir, si yo ya informo eso al TSJE, yo estoy habilitando que me investiguen”, refirió.
Se trata de la descripción sobre su participación o vinculación con empresas, sociedades o asociaciones, especificando la vinculación o representación poseída, en cumplimiento de la Ley N° 6501 que regula el Financiamiento Político.
En dicha declaración, el presidente declaró que tenía acciones en Credicentro, actualmente ueno bank –que luego las vendió en 2025–, así como en Real Viviendas. En el último caso ostentaba el 50% de participación. Asimismo, compró bonos de Cementos Concepción (Cecon) y de Enex Paraguay, que entonces pertenecían a Horacio Cartes. El líder del Partido Colorado había cedido sus acciones de la cementera a sus hijos tras la sanción de Estados Unidos, mientras que se vio obligado a vender las acciones del emblema de combustibles. Además tenía depósitos en Basa.
Cuestionan amedrentamiento de Peña
Legisladores de la oposición se hicieron eco de la respuesta intimidatoria de Santiago Peña a las preguntas que realizaron periodistas sobre su crecimiento patrimonial.
La diputada Johanna Ortega, de País Solidario, calificó de intimidación y censura la insinuación del mandatario de que una periodista podría estar recibiendo dinero del crimen organizado. “En democracia, las preguntas incómodas se responden con transparencia, no con amenazas. Pero lastimosamente no tenemos a un presidente apegado a los valores democráticos. Tenemos a un bruto, caprichosito y títere con ínfulas de dictador”, expresó. Para Esperanza Martínez, la analogía que hizo el mandatario es errada y hasta parece un berrinche infantil.
“Señor presidente, una trabajadora de prensa no tiene el poder de beneficiar con negocios de millones de dólares a un grupo financiero del cual recibió créditos y fue accionista, como sí ocurre en su caso. Quienes recibieron dinero del crimen organizado forman parte de su entorno y de su movimiento político, no quienes trabajan informando”, reclamó.
Para cerrar su pronunciamiento exigió que sea más serio y menos arrogante.
A su vez, el diputado Raúl Benítez (independiente) salió al paso de quienes defendieron a Santiago Peña en medio del escrache en las redes sociales.
El “ex delantero del Guma”, que ingresaba en promedio USD 60.000 netos al mes, no solo se indigna cuando le preguntan cómo pasó a ser millonario en tiempo récord, sino que amedrenta de manera directa.
Ante la insistencia de periodistas acerca del origen de su enriquecimiento, Peña insinuó que el clan Rotela podría estar pagando para atacar con preguntas al presidente.
