Más del 80% del dinero fue utilizado para fines prohibidos por ley, dejando al descubierto un esquema de bicicleteo financiero con reposiciones parciales y sin respaldo documental.
En el año 2022, la Municipalidad gastó G. 162.000.968.000 de los bonos en distintos conceptos. En salarios, usó el 57,49% del dinero, unos G. 90.524.063.217; en gastos de energía eléctrica, telefonía, mantenimiento, alquileres, seguros y capacitación de personal, usó el 10,66%, unos G. 16.782.536.574.
En 2023, la Municipalidad siguió usando de forma indebida los bonos G8. Ese año, se registró un saldo de G. 197.999 millones, con retiros y acreditaciones que evidencian reposiciones parciales de los fondos ya gastados.
En mamparas, prendas de vestir, leche, productos de limpieza, pintura, combustible y otros, usó el 7,12%, G. 11.206.601.021, y en adquisición de bienes de capital y obras, un 16,07%, G. 25.308.722.062.
Parte de este dinero, G. 415.511.775 se usó para el desagüe de la avenida Molas López, una obra emblema de Nenecho, que él siempre menciona a la hora de defender su gestión.
La intervención ya comprueba de esta manera que la administración del imputado ex intendente bicicleteaba el dinero de bonos, puesto que el G8 solo debía usarse para las cuencas de Ayala Velázquez, General Santos y San Antonio, Santo Domingo, San Pablo, Abasto.
Por si esto fuera poco, unos G. 3.418.650.000 del G8, que representa el 2,17% del total ejecutado, se usaron para “servicio de la deuda pública”, que significa, de acuerdo con el informe, un grupo de gastos “vinculados a procesos previos y administrativos para la emisión y colocación del bono G8”.
Los bonos de G8 eran de G. 360.000 millones. El 30 de noviembre de 2022 la comuna recibió G. 180.000 millones en un banco de plaza y luego transfirió los fondos a otra entidad. Entre el 6 y el 14 de diciembre, se registraron débitos por G. 112.000 millones. Paralelamente, el 14 de diciembre de 2022, se desembolsó la serie 2 del G8 por valor de G. 180.000 millones, ingresado en la misma cuenta corriente.
El 26 de diciembre, se realizó un débito por G. 50.000 millones, y como resultado de todas las operaciones, el saldo al cierre del ejercicio del 2022 ascendía a G. 197.999.032.000.
2023. Este uso ilegal se siguió registrando en el 2023. La intervención constata que ese año se registra un saldo de G. 197.999.032.000 y que, ya desde enero, se realiza un débito de G. 30.000 millones. Entre enero y febrero, se verifican “cinco registros de créditos” por un monto acumulado de G. 140.000 millones.
El informe indica que los reintegros o reposiciones efectuados en 2023 fueron para reponer parcialmente los recursos que se usaron, y que esto configuró “la desviación y cambio del destino específico de tales fondos destinados para las obras de desagüe y explícitamente autorizadas en el plan de inversión”.
“Lo que no está permitido expresamente por la ley o sus derivaciones normativas, está prohibido”, dice el documento. Cabe recordar que la Ley Orgánica Municipal, en su artículo 197, prohíbe la utilización del crédito público para financiar gastos corrientes. “Usar fondos para construir desagües específicos en el pago de gastos corrientes, es ilegal y genera responsabilidades directas por la violación de las normas”, remarca el informe, apuntando directamente a la administración del ex intendente.
