En una conferencia de prensa, el intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, en el Departamento de Alto Paraná, señaló que su administración siguió una política de austeridad debido a la pandemia del Covid-19.
En ese marco anunció que se logró reducir “en miles de millones la deuda de la administración anterior” de la ex intendenta cartista Sandra McLeod, destituida en febrero de 2019 por la Cámara de Diputados.
“Recibimos una deuda de G. 350.000 millones. Hoy, gracias al trabajo intelectual y jurídico (...), hoy nos están ahorrando G. 137.000 millones, un poco más de USD 20 millones. Estamos reduciendo la deuda que nos heredó el clan Zacarías”, aseguró Prieto.
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También informó que revocó la Resolución 6840 por la cual se dispuso la reincorporación de funcionarios en el cuadro del personal municipal, en cumplimiento de los fallos judiciales existentes que han favorecido a los mismos en la gestión de McLeod.
El último día del gobierno de la intendenta destituida fueron reincorporados mediante dicha resolución 357 funcionarios, de los cuales 250 tenían sentencia firme y ejecutoriada. El resto, que es 107, tenían juicio laboral caducado en 2015 e igualmente fueron incluidos, informó el corresponsal de Última Hora Wilson Ferreira.
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Por su parte, la asesora jurídica de la Comuna, Nidia Silvero de Prieto, señaló al respecto que más adelante iniciarán una demanda por lesión de confianza, producción y uso de documento, estafa contra la administración anterior. “Son las figuras que en estos momentos estamos analizando y se puede ir ampliando”, agregó.
La abogada acotó que existe en consecuencia un “enorme perjuicio patrimonial” y que el proceso legal será contra Sandra McLeod, Javier Zacarías y todos los directores responsables que firmaron el acuerdo revocado y los propios miembros del sindicato que crearon una acción ilegal para beneficio propio.
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Miguel Prieto destacó que en la fecha están al día con los salarios y aguinaldos de los funcionarios del Municipio.
La gestión de la esposa del senador Javier Zacarías Irún fue intervenida a fines del 2018. En el proceso se constataron 30 irregularidades, entre ellas una malversación de fondos por más de G. 36.507 millones.
Asimismo, se determinó que lo percibido en impuesto inmobiliario se utilizó en gastos corrientes más allá del 40% permitido durante los ejercicios presupuestarios 2016, 2017 y 2018. Esta situación había causado varias movilizaciones ciudadanas en la capital de Alto Paraná.
