Los hechos de violencia en Paraguay siguen teniendo rostro de mujer, de niña, adolescente y joven.
Durante el periodo de cinco años, desde el 2021 y el 2025, se registraron 17.305 denuncias de abuso sexual en niños, 6.507 casos de coacción sexual y violación, 782 casos de acoso sexual y 671 casos de proxenetismo.
A estos delitos se suman 38.794 denuncias por incumplimiento del deber legal alimentario y 172.722 denuncias por violencia familiar.
A un día del 8M, la Fiscalía expone estos hechos punibles que reflejan una problemática estructural que trasciende el ámbito penal.
La violencia contra niñas y adolescentes genera profundas consecuencias psicológicas, sociales y económicas que pueden extenderse durante toda la vida de las víctimas.
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La infancia y la adolescencia temprana constituyen etapas claves para la formación de la personalidad, la autoestima y las habilidades sociales y cuando una niña es víctima de abuso sexual durante estos períodos, se produce una alteración en los procesos de desarrollo psicológico.
La exposición a la violencia sexual en la infancia se asocia con mayores niveles de depresión, ansiedad, estrés postraumático y conductas autodestructivas.
Consecuencias en la vida adulta
Las consecuencias del abuso sexual infantil no desaparecen con el paso del tiempo y sus efectos pueden prolongarse durante décadas, especialmente cuando la víctima no recibe apoyo familiar ni atención profesional adecuada, alertó la psicóloga Soledad Barge, integrante del equipo técnico del Observatorio del Ministerio Público.
Entre las consecuencias más frecuentes se encuentran dificultades para establecer relaciones afectivas estables, trastornos de ansiedad, depresión crónica, baja autoestima y sentimientos persistentes de culpa y mayor riesgo de sufrir violencia en relaciones de pareja.
El trauma psicológico también genera efectos significativos en la trayectoria educativa de las víctimas con dificultades de concentración, bajo rendimiento académico, aislamiento social y abandono escolar.
También se presentan consecuencias en la salud física y reproductiva. Además, las víctimas de abuso sexual infantil presentan una mayor probabilidad de desarrollar problemas de salud mental y física a largo plazo.
Dimensión estructural de género
Las estadísticas del Ministerio Público indican que más del 90% de las víctimas en delitos sexuales son mujeres.
A pesar de la gravedad de las consecuencias, la evidencia científica demuestra que la intervención temprana puede reducir significativamente los efectos del trauma.
Para ello, las políticas públicas deberían enfocarse en la atención psicológica especializada, programas de prevención en escuelas y el fortalecimiento de los sistemas de protección infantil.
