27 jun. 2025

Ministros de la Corte advierten que jueces no ejecutan penas por casos de corrupción

En el pleno de la Corte, los ministros Manuel Ramírez Candia y Gustavo Santander advirtieron que existe un actuar irregular de los jueces de Ejecución, que no reciben los expedientes para ejecutar las condenas por casos de corrupción, supuestamente, porque hay acciones ante la Sala Constitucional de la Corte, cuando las mismas no corresponden.

b35d32f0-a421-4948-beb0-28964daac07f.jpg

Sesión del pleno. Los ministros de la Corte advirtieron un mal actuar de los jueces de Ejecución.

Foto: Gentileza PJ

Durante la sesión del pleno del Máximo Tribunal, el ministro Manuel Ramírez Candia reiteró que persiste la conducta irregular en Juzgados de Ejecución que no reciben expedientes con sentencias definitivas, específicamente, en casos de corrupción pública.

Esto, cuando se iba a tratar la propuesta de modificación de la acordada de distribución de causas en los Juzgados de Ejecución Especializados en Delitos Económicos y Crimen Organizado, donde surgieron las aclaraciones de los ministros.

El miembro de la Sala Penal, Ramírez Candia, sostuvo ante sus colegas que actualmente existen 14 casos en donde hay condenas firmes, pero los jueces de ejecución no ejecutan la pena por la existencia de alguna acción de inconstitucionalidad en contra del fallo.

Por este motivo, la Corte aprobó con modificaciones el proyecto de acordada que a su vez modifica el sistema de distribución de causas en los Juzgados Especializados en Delitos Económicos y Crimen Organizado.

Según explicaron, uno de los cambios busca evitar, justamente, que los Juzgados de Ejecución no reciban los expedientes por acciones pendientes contra resoluciones de la Sala Penal de la Corte.

En el caso, la propuesta de la modificación de la citada acordada fue realizada por el ministro de la Sala Constitucional, Gustavo Santander, quien recordó que las resoluciones de la Sala Penal no pueden ser atacadas de inconstitucionales.

“Sería bueno establecer expresamente para que los Juzgados de Ejecución reciban las causas”, señaló el ministro.

Remarcó que, según la ley, las resoluciones de otras Salas de la Corte no pueden ser objeto de acciones de inconstitucionalidad, por lo que claramente las acciones planteadas no corresponden, y no pueden retrasar el cumplimiento de las penas.

Incluso la propuesta fue remitida a la ministra Carolina Llanes, quien la canalizará a través de la oficina técnica.

Escritos no recibidos

Otro punto que fue señalado por los ministros, específicamente por Eugenio Jiménez, fue que varios actuarios no reciben los escritos cuando los profesionales abogados quieren presentarlos.

El ministro de la Sala Civil explicó que negarse a recibirlos es denegación de justicia, ya que los secretarios de Juzgados están obligados a recibir los pedidos, y son los jueces los que tienen que determinar si corresponden o no.

Hubo varias quejas de los profesionales sobre que los actuarios judiciales no quieren recibir los escritos que se presentan en los juicios, reclamo que fue señalado por el ministro de la Corte.

Más contenido de esta sección
La gravísima afirmación es de Carlos Bittar, director del Centro de Adicciones Puafe, quien indica además que se trata de personal de blanco, entre enfermeras y médicos, de Central y CDE.
El ex parlamentario habla de la modificación de las penas a los adolescentes, de la actuación del Jurado y del Consejo de la Magistratura, a más de que las leyes populistas tienen su cúspide en épocas electorales.
El Tribunal de Sentencia rechazó los recursos planteados por las defensas de los acusados por el caso de coima en el que la principal procesada es la ex fiscala Ana Girala. Entre ellos, la nulidad de la acusación de un allanamiento, entre otros.
El Tribunal de Sentencia que juzga a Ramón Mario González Daher rechazó el pedido de la defensa para ser juzgado por jueces del Departamento Central. Además, rechazó también varios incidentes, incluido uno de la querella adhesiva en el caso por supuesta extorsión contra el empresario Alberto Antebi.
La dueña de una agencia de viajes de CDE dijo que se canceló el viaje a España ya pagado y, supuestamente, nunca reembolsó la suma ya entregada. Dos mujeres habrían sido víctimas, según la Fiscalía. La empresa ya tiene denuncias anteriores.
Desde agosto del 2024 está en la Corte la apelación general que presentó Miguel Prieto, por lo que la Fiscalía volvió a insistir en que se declare inadmisible el recurso. En la causa ya hay acusación. Esta es una de las más de 40 causas iniciadas en su contra.