Durante la plenaria del Máximo Tribunal, ya al tratar asuntos varios, el ministro César Garay, actual vicepresidente del Jurado de Enjuiciamiento, solicitó la suspensión preventiva de los abogados implicados en la mafia de los pagarés, a través del Consejo de Superintendencia de la Corte.
Mencionó que tienen conocimiento del vaciamiento de cuentas de personas “sacrificadas“, maestras y enfermeras, por lo cual insistió en que se obre en consecuencia para evitar un mayor desgaste del sistema judicial.
Remarcó que el sistema en algunos casos fue ”pervertido” por la “indecencia” de sus miembros, entre ellos magistrados, refiriéndose a los jueces de Paz que fueron destituidos por el JEM y procesados penalmente.
El ministro señaló que se hizo eco del reclamo de las víctimas de la mafia de los pagarés, varias de ellas, suscribiendo pagarés apócrifos.
En respuesta al pedido, el presidente de la Corte, Alberto Martínez Simón, indicó las actuaciones que realizó la Corte Suprema de Justicia y sostuvo que en los casos mencionados por Garay están a las resultas del proceso sumarial.
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Agregó que obrarán con la “dureza del caso” en las cuestiones que estén comprobadas, mientras que en las no comprobadas harán prevalecer el principio de presunción de inocencia y del derecho a la defensa.
Por su parte, el ministro Gustavo Santander, adhiriéndose a lo dicho por Garay, sostuvo que desde enero estaban pendientes de conocer los antecedentes de los abogados para estudiar la suspensión preventiva. Con ello, indicó que los informes sean derivados a sus colegas.
Rechazo a declaraciones
Por su parte, la Coordinadora de Víctimas de la Mafia de los Pagarés, a través de un comunicado, expresó su rechazo a las declaraciones del presidente de la Corte, Alberto Martínez Simón, respecto a que se iba a considerar caso por caso las suspensiones.
En el comunicado, las víctimas indican que los miembros del Máximo Tribunal minimizan una problemática que afecta a miles de familias paraguayas.
Asimismo, indican que reducir estos hechos a casos aislados implica desconocer la existencia de un esquema reiterado de despojo, lo que fue denunciado en distintas instancias.
Igualmente, la Coordinadora advirtió que el sistema de Justicia no puede ampararse en formalismos mientras se vulneran derechos fundamentales.
También manifestaron preocupación por el silencio de otros ministros, lo que entienden que debilita la confianza ciudadana en el Poder Judicial.
Valoraron la postura de César Garay Zuccolillo y Gustavo Santander Dans, quienes plantearon la necesidad de adoptar medidas urgentes.
