El Observatorio del Ministerio Público identificó tres hechos punibles especialmente sensibles para visibilizar las distintas formas de vulneración que afectan a niños, niñas y adolescentes en Paraguay.
El análisis busca reflejar los graves daños físicos, psicológicos y emocionales que sufren las víctimas, así como alertar sobre las consecuencias que estos hechos pueden tener en su desarrollo integral.
Para ello, se estudiaron las denuncias ingresadas en las oficinas de atención de la institución entre los años 2022 y abril de 2026.
Se expuso además la limitada disponibilidad de recursos humanos y presupuestarios, que dificulta brindar una respuesta integral a las víctimas.
Señalaron que la incorporación de más profesionales psicólogos y trabajadores sociales representa una necesidad urgente para fortalecer la labor del Centro de Atención a Víctimas y las unidades fiscales.
El abuso sexual lidera las preocupantes cifras
El abuso sexual en niños encabeza la clasificación de los hechos punibles analizados, con un total de 15.376 denuncias registradas entre 2022 y el primer cuatrimestre de 2026, destaca el informe.
Las cifras reflejan una problemática persistente, con 3.814 denuncias investigadas en 2022, 3.564 en 2023, 3.551 en 2024 y 3.408 casos en 2025, sumándose otras 1.039 causas abiertas entre enero y abril de 2026.
Este delito comprende cualquier acto de carácter sexual realizado contra un menor por parte de un adulto o persona que se aprovecha de una situación de superioridad, confianza o poder, señalaron.
Puede leer: Registran 102 casos de abuso sexual infantil solo en un mes
Entre las conductas que abarca este delito se citan los tocamientos o manoseos, obligar o manipular al niño a realizar actos sexuales, la exhibición de genitales, la exposición a material pornográfico, así como la producción o difusión de contenido de abuso infantil y la captación con fines sexuales a través de internet.
Los departamentos con mayor incidencia son Asunción, Central, San Pedro, Caaguazú, Itapúa y Alto Paraná.
El abandono y la desatención familiar van en aumento
Durante el periodo analizado, el Ministerio Público recibió 9.979 denuncias por violación del deber de cuidado o educación en distintos puntos del país.
Las estadísticas muestran una tendencia creciente en este delito, que registró 1.859 denuncias en 2022, 2.093 en 2023, 2.315 en 2024, 2.706 en 2025 y 1.006 casos solo en el primer cuatrimestre de 2026.
Dicha figura penal tiene como finalidad proteger el desarrollo físico, emocional, educativo y social de los niños y adolescentes.
El hecho punible consiste en el abandono de menores sin la supervisión adecuada, la desatención de necesidades básicas como alimentación, salud, higiene o vestimenta, y la negación del acceso a la educación obligatoria o la atención médica necesaria.
También incluye la exposición a situaciones de peligro, permitir el consumo de alcohol y drogas, tolerar ambientes inapropiados o de explotación, y omitir la protección frente a violencias conocidas por el responsable.
Las zonas con mayor cantidad de denuncias de este tipo son Asunción, Central, Concepción, San Pedro, Caaguazú, Itapúa y Alto Paraná.
El entorno del menor como foco de violencia física y psicológica
El maltrato de niños y adolescentes bajo tutela constituye otra de las figuras penales que presenta una tendencia preocupante, con un total de 6.897 denuncias investigadas entre 2022 y abril de 2026.
El ingreso de casos se mantuvo constante con 1.452 denuncias en 2022, 1.568 en 2023 y 1.623 casos registrados en 2024, acumulando además 571 denuncias entre enero y abril de 2026.
Este delito comprende toda acción u omisión ejercida por padres, tutores o responsables que vulnere la integridad de un menor de edad, recordando que el Código de la Niñez y la Adolescencia prohíbe expresamente el uso de castigos físicos y tratos crueles como método de corrección.
El maltrato se manifiesta de forma física mediante golpes, quemaduras o agresiones que provoquen lesiones, y de manera psicológica a través de insultos, humillaciones y amenazas.
Asimismo, implica la negligencia por falta de alimentación y protección, la explotación para obtener beneficios económicos y la exposición a entornos delictivos o de consumo de drogas.
Los departamentos que registran mayor incidencia bajo este hecho punible son Asunción, Central, San Pedro, Caaguazú, Alto Paraná y Presidente Hayes, concluye el informe.
