Pedro Coronel, representante de las víctimas, señaló que entregarán un manifiesto ante el Poder Judicial, además de venir a reclamar y a exigir justicia. Alegó que responsabilizan a la Corte Suprema y a los ministros por la situación en la que se encuentran.
Explicó que permitieron la injusticia, el aniquilamiento de la economía de la gente, del campesinado, pequeños y medianos emprendedores, por la falta de seguridad jurídica y garantías de los derechos humanos.
Culpó a la Corte ya que es responsable de custodiar la Constitución, por lo que iban a presentar un manifiesto. Después, irán frente al Juzgado de La Encarnación que dijo que era una “real fábrica de embargos”. Dijo que se probaron las irregularidades en los procesos, con las auditorías, confesiones y otras pruebas.
Coronel refirió que había una protección política. Sobre los ministros de la Corte, señaló que los protegen y si no lo hacen, eran absolutamente incapaces de ejercer el cargo y debían renunciar. Asimismo, iban a seguir reclamando el juicio político.
Tuvieron el apoyo de representantes del Partido Paraguay Pyahurã y la Federación Nacional Campesina que llegaron hasta el Palacio de Justicia.
En su manifiesto, refieren que “no venimos a solicitar favores, ni a mendigar clemencia. Venimos a exigir la restitución de la República. El Paraguay se desangra bajo un sistema feudal donde la Justicia se ha vuelto el brazo ejecutor de una casta de mercaderes de la miseria. Los juzgados de Paz, convertidos en aduanas del saqueo, han permitido que el pan de los trabajadores sea confiscado mediante pagarés espurios...”.
Entre sus exigencias están la suspensión inmediata de los embargos ejecutivos de los juzgados de Paz, bajo intervención. “Donde hay sospecha de corrupción, no puede haber ejecución del daño”, afirman.
Lea más: Mafia de pagarés: Otra jueza de Paz va a juicio oral y ya hay una condenada
También piden la restitución de fondos, la sanción y expulsión de los abogados que operan como operadores de esta mafia. Dicen que hay violación de la ley internacional, ya que se ha institucionalizado el juicio a “espaldas del pueblo”. Refieren que la falta de un recurso rápido viola el Pacto de San José.
Finalmente, dan un ultimátum a la magistratura. “La paciencia del pueblo ha llegado a su fin. Si este Alto Cuerpo no posee la valentía moral para desmantelar estos feudos criminales, tienen el deber ético y patriótico de renunciar”.
“La Justicia no se negocia. Si la Corte Suprema no es el refugio de los oprimidos, termina siendo la fortaleza de los delincuentes. El pueblo paraguayo ya no espera: el pueblo exige”, indica el manifiesto entregado.
