El ministro del Interior, Federico González manifestó, en conversación con Última Hora, que la implementación de las cédulas electrónicas obedece a la necesidad de actualizar un sistema que “se cae a pedazos”.
“Haciendo un poco de historia, el punto original del cuestionamiento es que se comparan dos contratos. Uno que es del de 2014 y el otro que es del 2017. El del 2014 se dio en la necesidad de contar con un software porque el sistema se estaba cayendo. En el 2016, el jefe de identificaciones, el que fue luego comandante, Francisco Rasquin, envió un pedido a Interior para actualizar el sistema”, rememoró.
González explicó que, tras el pedido de la Policía Nacional, se hizo una licitación donde gano una empresa francesa que tiene el 60% del mercado de pasaportes. “Una empresa, presentó varias protestas, objeciones, denuncias y acciones. Todas ellas fueron rechazadas”, dijo.
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La necesidad de un nuevo sistema
El ministro del Interior aseguró que cuando él asumió la cartera de Estado, le presentaron un “panorama oscuro”. Comentó que le informaron que el “parche” que se había colocado en Identificaciones “estaba haciendo aguas por todos lados”.
“No suficiente con ello, el presidente de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), Félix Kanazawa, me informó que la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), le transmitió que en Latinoamérica solo dos países tienen pasaportes leídos de forma manual y, que, en poco tiempo, el organismo iba a establecer que solo ciudadanos de los países con lectura electrónica podrán viajar”, dijo.
Con relación a los cuestionamientos, el ministro del Interior dijo que tomó conocimiento al respecto, pero aseguró que “hay intereses que no quieren que el sistema cambie”.
“Hay intereses que no quieren que esto cambie, que esto continúe con toda la corrupción que esto implica. Son ellos los que están con esta posición contraria”, enfatizó.
Proceso se enmarca en la legalidad
El ministro del Interior, Federico González, aseguró que se siguieron todos los procedimientos y trámites legales para seguir con el cuestionado contrato.
“Yo hice analizar y verificar todos los procedimientos administrativos y judiciales. Hablé con Contrataciones Públicas, Procuraduría me dice ‘luz verde’, Auditoría me dice ‘luz verde’, la Policía Nacional que me dice ‘luz verde’, salvo algunos de Identificaciones que se oponen por razones obvias”, enfatizó.
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González reiteró que en el proceso. “Todo está contemplado, todo es legal y no hay absolutamente nada raro”.
“Siempre me he cuidado en todo lo que he hecho y a tres meses de salir del Gobierno, no me voy a meter en algo fuera de lugar por mi formación, principios y valores. El sistema no puede caer en mi guardia. No voy a tener argumentos para defender”, ratificó
Asimismo, el ministro respondió los cuestionamientos pidiendo que se “actúe con objetividad”. “Quiero que entiendan que acá hay intereses de gente que no quiere que esto salga, por qué están ganando mucho dinero y con este sistema van a dejar de hacerlo”, denunció.
Cédulas y pasaportes en 24 horas
El titular del Ministerio del Interior destacó las ventajas que tendrá para el país la implementación de los pasaportes y cédulas electrónicas.
“Las cédulas y pasaportes están a puntos de ser expedido. Van a ser entregados en menos de 24 horas con chips electrónicos y firmas digitales gratuitas. Esto arroja mayor seguridad y serán producidos en siete lugares y entregados en 70 dependencias”, dijo el funcionario.
Denuncias sobre supuestas irregularidades
El senador Daniel Rojas López (PLRA) remitió a la Contraloría General de la República una nota a través de la cual solicita el control, supervisión y vigilancia del proceso licitatorio, por el cual, desde el Ministerio del Interior, se adjudicó la implementación de las cédulas electrónicas. Esto, tras tomar conocimiento sobre supuestas irregularidades.
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El supuesto direccionamiento del Pliego de Bases y Condiciones (PBC); la adjudicación, pese a contar con un dictamen negativo de la Contraloría; el pago de anticipo sin un presupuesto garantizado; el uso de recursos del Fonacide; y el incumplimiento de los plazos por parte del contratista son algunos de los puntos señalados por el legislador.
Rojas describe, entre otras cosas, que además de no cumplir con el Pliego de Bases y Condiciones (PBC) en lo que respecta a los plazos, la contratista pretende modificar cuestiones técnicas, ampliar precios que no corresponden y además, alega que existieron supuestas sobrefacturaciones en obras civiles del proceso. Asimismo, denuncia que para el pago de anticipos se utilizaron recursos del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide).
Las sucesivas modificaciones de los plazos del contrato llevan a que el mismo, que en principio era por dos años, se haya extendido ampliamente el plazo de vigencia, siendo que la Ley de Contrataciones establece que para obras públicas la ampliación de los contratos no podrá exceder al 20% de lo estipulado inicialmente.
