Mientras este miércoles venció el plazo contractual para la compra de energía acordada entre Atome PLC y la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), la multinacional británica comunicó oficialmente la rescisión de su Contrato de Compra de Energía (PPA, por sus siglas en inglés, de Power Purchase Agreement o Acuerdo de Compra de Energía) firmado en 2022 con la estatal eléctrica. La medida entrará en vigor a finales de este año y se da a conocer apenas un día después del vencimiento del plazo contractual del 30 de septiembre, un periodo que estuvo marcado por hermetismo institucional tanto a nivel oficial como empresarial.
“Hasta el momento no ha sido posible acordar los términos de dicho acuerdo de suspensión. En consecuencia, a fin de evitar perjuicios para Atome y eludir cualquier posible responsabilidad derivada de seguir vinculada al PPA de 2022, Atome —teniendo en cuenta los plazos pertinentes para ello— ha notificado la terminación de dicho acuerdo, la cual surtirá efecto a finales de 2026. A juicio de Atome, esta notificación de terminación no debería obstaculizar las gestiones para negociar con el Gobierno y la ANDE un nuevo PPA que garantice la viabilidad del proyecto, ni tampoco perjudicará los derechos de Atome en virtud del Tratado Bilateral de Inversión (TBI) entre el Reino Unido y Paraguay”, señala parte del comunicado de la empresa.
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El mensaje de la matriz europea agrega que Atome había planteado formalmente a la estatal eléctrica un acuerdo de suspensión temporal (standstill agreement), con el objetivo de congelar las obligaciones contractuales mientras se buscaba una salida política y técnica. Sin embargo, al no lograrse un consenso sobre los términos de dicha tregua, la firma optó por ejecutar la rescisión de la reserva de 145 MW. Con esto, busca resguardarse de eventuales penalizaciones financieras y responsabilidades legales derivadas del estancamiento del proyecto, argumentó en el anuncio.
La disputa por una tarifa preferencial
El trasfondo de la terminación del acuerdo es consecuencia de controversias con el Gobierno por decretos que establecían una tarifa preferencial, pero que posteriormente fueron derogados. Atome buscaba asegurar un contrato a largo plazo con una tarifa fija de USD 30 por MWh. La cifra es considerada indispensable por la firma para garantizar la financiación internacional de la planta de fertilizantes.
No obstante, la actual administración de la ANDE, encabezada por Miguel Ángel Báez Reyes, se mantiene firme en la defensa del Pliego de Tarifas N.° 21. Este marco fija un costo de aproximadamente USD 36 por MWh para el segmento electrointensivo. Desde la estatal explicaron que vender energía por debajo de sus costos de producción en la próxima década comprometería la salud financiera de la institución.
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Camino al arbitraje en el CIADI
La rescisión contractual notificada por Atome actúa de forma paralela a la ofensiva legal anunciada por Atome a mediados de septiembre. La compañía ya remitió al Estado paraguayo un Aviso de Controversia bajo el Tratado Bilateral de Inversiones (TBI) entre el Reino Unido y Paraguay. La multinacional sostiene que la revocación de los decretos viola la seguridad jurídica internacional. El reclamo estimado por la firma podría ascender a cientos de millones de dólares ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) si no se llega a un acuerdo en el periodo obligatorio de consultas de tres meses.
A pesar del quiebre del contrato original, Atome asegura que la rescisión no frenará los canales de diálogo. “Atome sigue trabajando de buena fe con la ANDE y el Gobierno en busca de una solución que permita avanzar en este importante proyecto internacional. El Proyecto Villeta de Atome está firmemente alineado con la misión de la ANDE, tal como figura en toda su documentación oficial: «...satisfacer las necesidades de energía eléctrica del país y operar con responsabilidad social y ambiental para contribuir al desarrollo del Paraguay y al bienestar de su población»", se lee en otro punto del comunicado.
