No hace mucho tiempo, cuando proyectaba la visión de un país moderno e industrializado, Santiago Peña fue categórico al calificar a la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) como “la empresa más estratégica del Paraguay”. La afirmación no solo era acertada, sino ineludible, en una nación cuya principal riqueza exportable fue históricamente la energía hidroeléctrica limpia y renovable, la entidad encargada de distribuirla y convertirla en desarrollo productivo debería ser el corazón de cualquier política de Estado.
Sin embargo, entre las visiones acertadas y el pragmatismo del Palacio de López suele abrirse un abismo. Hoy, en el marco del anunciado “cambio de paradigma energético” impulsado por el Poder Ejecutivo, el discurso de fortalecer a la empresa estatal pasa a ser parte del recuerdo.
El proyecto oficialista plantea una reestructuración profunda de la arquitectura institucional del sector. La creación de un Ministerio de Energías y de un Ente Regulador Eléctrico. A primera vista, la idea de ordenar la gobernanza, separar el rol regulador de la operación y centralizar la política energética en un ministerio suena atractiva y moderna. Pero al examinar la letra chica y la orientación política de la reforma, salta a la vista un silencio atronador: ¿Dónde queda la ANDE en este nuevo esquema?
Resulta paradójico que, mientras se crean nuevos despachos burocráticos y se rediseña el organigrama del Estado, no exista una propuesta clara, concreta y financieramente sostenible para fortalecer a la ANDE. La estatal eléctrica continúa arrastrando debilidades estructurales históricas con una red de distribución sobrecargada, elevadas pérdidas técnicas y no técnicas, y una urgente necesidad de inversiones millonarias en infraestructura que le permitan soportar el crecimiento de la demanda que se dispara por encima de las proyecciones. Quitarle atribuciones de regulación sin dotarla de autonomía financiera ni de un plan agresivo de capitalización no es modernizarla; es postergarla en el momento más crítico de nuestra historia energética.
A esta omisión doméstica se le suma un frente diplomático marcado por la pasividad. Mientras el tiempo corre, el futuro energético del país se decide en las negociaciones pendientes sobre la revisión del Anexo C del Tratado de Itaipú. Sin embargo, la Cancillería paraguaya parece haber adoptado una postura de prudente espera, supeditando los tiempos de una discusión vital a los vaivenes de la política interna de Brasil y al calendario electoral del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Paraguay no puede permitirse el lujo de ser un espectador en su propia agenda de desarrollo. Acomodar la firmeza de los reclamos soberanos a la conveniencia política del vecino país es un error estratégico de proporciones históricas. La revisión del Anexo C no es un trámite diplomático ni un favor político entre gobiernos afines; es la llave para definir la tarifa, la comercialización de nuestros excedentes y la renta energética que financiará la transformación del país por las próximas décadas.
El verdadero paradigma energético no se construye creando nuevos ministerios sobre cimientos frágiles, ni esperando a que los tiempos electorales de Brasilia resulten propicios. Se construye con determinación soberana en la mesa de negociación de Itaipú y con un plan de fortalecimiento real para la ANDE, garantizando que la energía producida en nuestras represas se traduzca, finalmente, en luz, empleo e industria para todos los paraguayos.
La revisión del Anexo C del Tratado de Itaipú no es un simple ajuste binacional. Sin exagerar, es probablemente el evento macroeconómico más determinante para el Paraguay en este siglo. Al haberse cancelado finalmente en 2023 la multimillonaria deuda por la construcción de la represa, el Gobierno tiene en sus manos decidir qué hacer con el futuro de la binacional. Ceder en esta negociación –que ya lleva años de atrasos– por pasividad o por acomodarse a los tiempos políticos del país vecino país equivale a hipotecar la capacidad de inversión del Estado paraguayo para las próximas décadas.
No se puede hablar sobre un cambio de paradigma sin tener definida la tarifa de Itaipú y la ANDE es la que más necesita de esa decisión.
