En los últimos años se han debilitado algunas prácticas básicas de prudencia fiscal.
“Ni la prudencia ni la prodigalidad fiscal se construyen de la noche a la mañana”, señalan Paolo Mauro y sus coautores en un estudio del Fondo Monetario Internacional. Esto implica que la responsabilidad fiscal no se evalúa por una sola decisión, sino por la dirección que van tomando las decisiones sucesivas a lo largo del tiempo.
Existe un amplio consenso sobre que el 2003 marcó un punto de inflexión para las finanzas públicas del Paraguay. A partir de entonces se construyeron instituciones y reglas que dieron mayor credibilidad a la política fiscal. Esa confianza contribuyó a reducir el costo de financiamiento del Estado y, con los años, a crear las condiciones para alcanzar el grado de inversión.
Al respecto, resulta oportuno revisar algunos hechos recientes. Cada uno puede tener su propia explicación y discusión, pero observados en conjunto muestran una tendencia hacia el debilitamiento gradual de algunas reglas básicas que ayudaron a construir esa credibilidad desde el 2003.
El primer hecho es asumir gastos permanentes con recursos transitorios. Hambre Cero es un buen ejemplo, cuyo propósito es sumamente importante. El problema es que se trata de una obligación que continuará año tras año y que fue financiada inicialmente con recursos transitorios provenientes de una de las binacionales. La regla es simple: Un gasto recurrente necesita también ingresos recurrentes.
Un segundo hecho es el creciente atraso con proveedores del Estado, que por primera vez ocurre a mitad de un mandato. El problema de fondo es que se asumieron compromisos por encima de los recursos disponibles. La consecuencia sería que los proveedores perciban mayor incertidumbre sobre cuándo cobrarán e incorporen ese riesgo a sus precios, elevando el costo de las compras públicas.
Un tercer hecho es recurrir a la deuda para pagar gastos de funcionamiento. Puede ser razonable tomar deuda para construir un hospital, una ruta u otra inversión que prestará servicios durante muchos años. Pero emitir deuda para pagar gastos corrientes que se repiten todos los años, como ocurre con la compra de medicamentos, se aparta de una regla básica de prudencia fiscal.
A esto se suma el incumplimiento de la meta fiscal del 2025. En el pasado, las excepciones fueron fundamentadas e incluso autorizadas legalmente. Sin una justificación clara, la regla pierde gradualmente su capacidad para disciplinar las decisiones presupuestarias futuras. Además, esto podría elevar la percepción de riesgo y, eventualmente, encarecer el costo de financiamiento del Estado.
Algunas de estas prácticas podrían justificarse en circunstancias extraordinarias, como ocurrió durante la pandemia. La diferencia es que los hechos recientes ocurrieron en años de alto crecimiento económico y no como consecuencia de una emergencia.
También está la reforma de la Caja Fiscal. Su déficit creciente es uno de los problemas estructurales de las finanzas públicas. Sin embargo, después de una demorada presentación y prolongado proceso, el cambio aprobado no resolvió el problema de fondo. Se perdió una oportunidad importante para corregir uno de los desequilibrios que más presionarán sobre las cuentas públicas en los próximos años.
Ninguno de estos hechos, considerado aisladamente, permite definir la situación de las finanzas del Estado. Pero observados en conjunto muestran una erosión de prácticas de prudencia construidas durante décadas. El riesgo es que cuando las excepciones comienzan a repetirse, también se erosione la credibilidad que tanto tiempo tomó construir.
