Esta nueva acusación, que involucra también al concejal municipal Sebastián Martínez, fue presentada ayer por el abogado Víctor Enríquez en representación de la Contraloría Ciudadana. Los cargos incluyen lesión de confianza, asociación criminal y producción de documentos no auténticos.
Según la denuncia, Prieto y Martínez habrían creado subcomisiones vecinales ficticias en diciembre de 2020, con el objetivo de desviar fondos municipales destinados a la financiación de ollas populares.
Los denunciantes afirman que estas subcomisiones estaban conformadas por miembros de un mismo grupo familiar, quienes presentaron, supuestamente, facturas y documentos adulterados para justificar el uso del dinero.
“El grupo familiar, patrocinado por el actual concejal Martínez, solicitó recursos a la Municipalidad para la distribución de alimentos y ollas populares. Inmediatamente, la Municipalidad emitió dos resoluciones con numeración secuencial, liberó los cheques y en el mismo día las subcomisiones presentaron las facturas de compra de alimentos y la rendición de cuentas”, explicó Enríquez.
Dijo que, tras un análisis exhaustivo, la Contraloría Ciudadana asegura la existencia de un esquema de fraude para extraer G. 311 millones de las arcas municipales. Enríquez destacó que en una de las facturas presentadas, por G. 70 millones, pertenecía a una empresa vinculada a la misma subcomisión vecinal, la cual se dedica a la venta de productos de cotillón.
El jefe comunal se burló de la denuncia presentada con una torta con velas con el número 39 en un video.
