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Miguel Godoy reconoce que querían que Prevención de Tortura dependa de Defensoría

El defensor del Pueblo, Miguel Godoy, alegó que pretendían que el MNP forme parte de la Defensoría del Pueblo, porque ambas instituciones cumplen las mismas funciones y porque la entidad a su cargo "ya no da abasto" y no cuentan con recursos suficientes. Afirma que es víctima de una persecución por parte de sectores políticos.

El defensor del Pueblo, Miguel Godoy, brindó este lunes una conferencia de prensa donde se pronunció con respecto al audio que se dio a conocer, en el que se lo escucha gestando un plan para incorporar rubros a la entidad.

Dijo que el caso, presentado de esta manera, forma parte de una persecución, liderada por las legisladoras Desirée Masi y Celeste Amarilla, porque "son las mismas" que desde que ingresó al cargo piden su destitución.

Godoy aseguró que el audio que se hizo público corresponde a una reunión de carácter público que mantuvo con varios funcionarios y directores.

El funcionario reconoció que en la ocasión plantearon incluir al Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) dentro de la estructura organizacional de la Defensoría del Pueblo para ampliar sus rubros.

“Era un lobby que queríamos hacer a los efectos de poder unificar criterios con lo que sería el MNP. En todos los países del mundo, esto (el Mecanismo) está dentro de la Defensoría del Pueblo porque cumplen los mismos roles. Nuestra idea era incorporar esto a través de una disposición legal”, explicó al respecto.

Mucho trabajo, poca paga

Alegó que el motivo de la propuesta sería que actualmente en la Defensoría del Pueblo “solo hay diez personas que tienen un salario bueno”, mientras que la mayoría de los funcionarios son profesionales que están percibiendo un sueldo mínimo.

“La labor que desarrollan (estos funcionarios) prácticamente es de todo el tiempo, porque los problemas y los derechos humanos no esperan. Y en ese momento veíamos la forma de poder levantar un poco esta institución”, refirió el defensor del Pueblo, respecto a la idea de incorporar al MNP.

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Asimismo, manifestó que querían presentar un proyecto de ley para lograr que el MNP sea una dirección de la Defensoría “porque (la Defensoría) ya no da abasto”. No obstante, dijo que la propuesta no prosperó hasta el momento, porque no cuentan con el apoyo de la mayoría de los senadores.

“Tenemos que litigar en todo el Paraguay y es imposible dar esa cobertura, muy difícil, hacemos lo que podemos, realmente tenemos demanda en todos los lugares”, enfatizó Miguel Godoy.

Seguidamente, cuestionó que los funcionarios de la Defensoría “solo” cuentan con unos G. 400.000 mensuales para combustible y que hay móviles del año 1990 que ya no funcionan y que cuando presentan fallan reparan con fondos recaudados a través de actividades.

Mientras tanto, indicó también que por varios años ya plantearon la ampliación del presupuesto de la entidad a su cargo y, si bien reconoció que en un momento dado se les amplió, señaló que posteriormente se les volvió a recortar.

Denuncias por maltratos

En cuanto a las denuncias por maltratos que funcionarias de la Defensoría del Pueblo presentaron en su contra, señaló que se trata de alrededor de diez personas que “cuatro años después de haber sido despedidas o cesadas del cargo, aparecieron”, y negó una vez más el hecho.

“Eso nunca existió porque ni siquiera tuve un acercamiento físico (con ellas), acá hay cámaras, ni siquiera tuve contacto físico con esas personas. Creo que 110 funcionarias firmaron una nota de respaldo, manifestando que nunca tuvieron ese tipo de inconvenientes”, expresó.

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Al ser consultado respecto a las denuncias de maltratos verbales, el funcionario evadió la pregunta y dijo nuevamente que “nunca hubo contacto físico con esas personas”, mientras que reconoció que incluso existen denuncias en su contra por el caso en el MNP.

Caso de cobro irregular

Con relación al caso de la denuncia por cobro irregular a objetores de conciencia, reiteró nuevamente que cuentan con amplias documentaciones que demuestran la reglamentación de la Ley 3/10, establecida durante reuniones del Consejo Nacional de Objeción de Conciencia, y que, por ende, los cobros se hicieron basados en la normativa.

Además de las denuncias por maltratos que recibió Miguel Godoy, la abogada Diana Vargas también lo denunció penalmente por el supuesto delito de exacción, argumentando que el funcionario cobró compulsivamente a unos 4.000 objetores de conciencia sin estar habilitado legalmente para hacerlo. También fue denunciado públicamente por haber utilizado a una funcionaria como empleada doméstica.

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