Miguel Cuevas inició su camino por la Cámara de Diputados en julio del año pasado, con la bendición del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, arrastrando consigo turbios antecedentes desde su paso por la Gobernación de Paraguarí.
Este miércoles celebra su última sesión como integrante de la mesa directiva y culmina su periodo como presidente de la Cámara Baja, pero aún quedará en el ojo de la tormenta.
Enriquecimiento ilícito, lesión de confianza, declaración falsa y producción de documentos no auténticos son algunos de los presuntos delitos en que habría incurrido el diputado. Sin embargo, hasta el momento no fue imputado, y solo es investigado por el Ministerio Público.
Además de las denuncias que pesan en su contra, también saltaron a la luz serias críticas a su administración. Entre ellas, la asignación de beneficios selectivos a funcionarios y el incremento de la cantidad de personal mediante la creación de 27 direcciones.
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En estas nuevas dependencias se otorgan salarios que van desde los G. 3.600.000 hasta los G. 23.529.000, remuneración recibida por Lourdes Concepción Mendieta, directora técnica de la Dirección General Adjunta de la Comisión Bicameral de Presupuesto.
Pero, en su defensa, el político colorado alardeó de su gestión, exponiendo como un logro mayor la desvinculación de seis funcionarios. Sin embargo, según datos de Recursos Humanos, en junio del 2018 el número de contratados en el rubro de jornales era de 375, y con Cuevas aumentó a 385.
En cuanto a los contratados por honorarios (asesores), de 227 bajó a 201 y los funcionarios permanentes aumentaron de 1.322 a 1.332.
Pese a haberse sumado a la lista negra de la ciudadanía, Abdo Benítez sigue demostrando gestos de respaldo político. A inicios de abril, el jefe de Estado entregó aportes millonarios a productores campesinos del Departamento de Paraguarí, acompañado del polémico diputado.
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Este acto se había dado un día después de que el parlamentario haya maniobrado para blanquearse y evitar que se le retire la confianza en la Cámara Baja.
Toda la familia involucrada
De acuerdo con una denuncia presentada por el concejal de Ybycuí Ezequiel Cáceres, Cuevas malversó G. 1.200 millones en concepto de combustibles durante su gestión como gobernador. El mismo habría emitido órdenes de trabajo para vehículos en desuso guardados en un depósito.
Su esposa, Nancy Florentín de Cuevas, es investigada por cobro indebido de honorarios dentro de la misma causa. Los bienes de ambos están bajo pesquisa, sobre todo los inmuebles lujosos asentados en Sapucái.
Además, se descubrió que el hijo del matrimonio, Enzo Cuevas, solicitó ser beneficiario de tierras fiscales cuando tenía 18 años. Él había alegado ser agricultor, que es un requisito para acceder a un lote estatal, según el estatuto agrario.
El legislador abdista cuenta en total con 14 inmuebles, según informes remitidos por la Dirección de Registros Públicos, de los cuales ocho pertenecen al diputado y seis al menor de sus hijos.
Por otra parte, sus hijas, Nadia y Yanina, se desempeñaban en cargos dentro del Poder Judicial, en el Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP) y en el Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (Sinafocal).
No avanza imputación
La fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, manifestó días atrás que la falta de peritos de tasación en el Laboratorio Forense del Ministerio Público influye en el poco avance de la investigación.
Negó que exista algún tipo de dilación o presión política en torno al caso, declaraciones que fueron ratificadas por el fiscal del caso, Luis Piñánez, este martes.
