En la zona conocida como Jardines de Remansito, Presidente Hayes, se encontraron estancias en tierras que pertenecen al Ministerio de Defensa. Se trata de la finca 916, que en total tiene más de 9.000 hectáreas, de las cuales 2.680 hectáreas son ocupadas por empresarios agropecuarios de forma irregular.
Se presentaron en el lugar el procurador Marco Aurelio González, junton con los ministros de Defensa Nacional, Óscar González; y del Ambiente, Rolando De Barros, de manera a constatar la existencia de posesiones precarias e ilegales para iniciar las acciones que correspondan.
En la zona se realizó un censo de las poblaciones vulnerables que habitan de forma precaria y se llegó a un acuerdo para trabajar en una alternativa para estos asentamientos, teniendo en cuenta que es un problema largamente postergado.
Lea más: Confirman embargo de ocupantes vips en la finca de Remansito
Durante los trabajos encarados por varios ministerios y el Instituto Nacional de Estadística se encontraron situaciones de privilegio que el Gobierno, advierte, que no puede permitir.
Las estancias negaron el ingreso a los trabajadores y tampoco accedieron a participar del registro oficial.
Para la Procuraduría, las premisas de la constitución son “respetar la ley, exigir un trato igualitario, luchar contra los privilegios y honrar la palabra empeñada”.
El escándalo de las ocupaciones vip en Remansito se desató el año pasado y las intenciones de blanquear a ganaderos, políticos, empresarios y hasta jueces finalmente se frustraron.
Nota relacionada: Peña finalmente veta proyecto para despojo de tierras del Ministerio de Defensa
El presidente del Congreso, Basilio Bachi Núñez, había impulsado el proyecto de ley para desafectar la finca estatal a favor de la Municipalidad de Villa Hayes, con la finalidad de entregar títulos onerosos a los actuales ocupantes.
Sin embargo, el presidente Santiago Peña vetó la ley y al Congreso no le quedó otra opción que aceptar este revés.
Posteriormente, la Procuraduría General de la República entregó sus informes a la Fiscalía y demandó a los ocupantes vip. Desde entonces se dictaron embargos y la prohibición de hacer modificaciones o mejoras en el inmueble.
