Una caravana de campesinos sin tierras atropelló el portón principal e ingresó a la propiedad, pese al fuerte dispositivo policial desplegado en el lugar y disparos de por medio. El hecho dejó más de 20 detenidos, varios heridos y un escenario de conflicto que podría escalar si no se toman medidas urgentes.
Desde las primeras horas de la mañana, más de un millar de campesinos provenientes de distintos distritos de San Pedro se concentraron en Santa Rosa del Aguaray. Desde allí partieron en caravana rumbo a la estancia de 11.000 hectáreas, administrada actualmente por la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico) y que en su momento había pertenecido al narcotraficante brasileño Cabeza Branca.
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La movilización ya venía anunciando desde hace días que realizaría una ocupación “pacífica”, argumentando que las tierras deben ser destinadas a la reforma agraria. Sin embargo, la situación tomó un giro violento al llegar al portón principal del establecimiento.
A pesar de que la entrada estaba custodiada por al menos 100 agentes policiales, entre ellos grupos especializados, tres camiones repletos de campesinos aceleraron y derribaron la estructura de madera logrando ingresar a la estancia.
El resto de la caravana quedó imposibilitado de avanzar luego de que la Policía reaccione disparando balines de goma, generando corridas, gritos y escenas de pánico.
Testigos señalaron que los agentes utilizaron balines y gases para dispersar a los grupos que intentaban seguir avanzando, mientras que los campesinos respondían con piedras y elementos improvisados.
Varias personas cayeron al suelo en medio del caos y fueron auxiliadas por sus propios compañeros. Los enfrentamientos derivaron en más de 20 detenciones, según confirmaron fuentes policiales.
Se aguarda poder confirmar la identidad de los manifestantes heridos y derivados hasta el hospital. Varios de ellos recibieron numerosas heridas por balines de goma. Un total de 28 vehículos y cinco motos fueron incautados.
Entre los uniformados, se reportó al suboficial Ángel Molinas como herido y derivado al hospital policial Rigoberto Caballero.
Los aprehendidos fueron trasladados hasta la comisaría local, donde se labraron actas por invasión de inmueble ajeno y resistencia.
La tensión en la zona continúa siendo elevada.
Agentes antimotines reforzaron el cordón de seguridad alrededor de Lucipar para evitar que más campesinos ingresen, mientras que algunos grupos permanecen apostados a varios kilómetros, evaluando nuevas acciones.
La situación es descrita como “muy delicada” por autoridades departamentales, que no descartan un recrudecimiento de la violencia si no se abre una mesa de diálogo.
Dirigentes campesinos insistieron en que la ocupación responde a la “necesidad urgente de tierra” y a la falta de respuestas del Estado en materia de reforma agraria.
Aseguran que la estancia, al encontrarse bajo administración del Estado, debería destinarse a fines sociales.
La Policía, por su parte, sostiene que la orden es impedir cualquier intento de invasión y garantizar la integridad física del personal y de los bienes administrados por Senabico.
El choque entre ambas posturas –una movilización desesperada que busca tierra y un Estado que intenta hacer cumplir la ley– deja nuevamente expuesta la frágil realidad social de San Pedro, donde los conflictos por posesión de tierras se repiten año tras año sin una solución de fondo.
Diversos sectores, incluyendo autoridades locales, organizaciones civiles y referentes políticos, coinciden en que es urgente buscar una salida negociada para evitar que la situación derive en un escenario aún más grave, similar a los hechos de violencia que en el pasado marcaron este departamento con dolorosas consecuencias.
Mientras el ambiente sigue cargado de tensión, el llamado es claro: El Estado debe abrir un canal de diálogo real y efectivo, y los líderes de la movilización deben garantizar que la protesta no derive en hechos violentos que pongan en riesgo vidas humanas.
