16 nov 2026

Confirman embargo de ocupantes vips en la finca de Remansito

30084957

Ocupación. Procuraduría quiere recuperar tierras que pertenecen al Ministerio de Defensa.

RODRIGO VILLAMAYOR

La Cámara de Apelaciones confirmó la orden de embargo sobre los bienes de los ocupantes irregulares de la Finca 916 de Jardines de Remansito, de Villa Hayes. Además, se reafirma la prohibición de hacer modificaciones o mejoras en el inmueble.

Luego de que la Procuraduría, a cargo de Marco Aurelio González, haya demandado a los ocupantes vips de Remansito, el Juzgado había ordenado el embargo y la prohibición de innovar, pero los afectados apelaron la resolución de primera instancia que ahora la Cámara finalmente confirma.

DEMANDADOS. El embargo afecta a Miguel Antonio Reynal Vera por la suma de G. 280 millones; a Horacio Melgarejo Lezcano, Diego Emilio Melgarejo Lezcano, Mauricio Javier Melgarejo Lezcano, Claudelina Lezcano de Melgarejo y Fernando Federico Lezcano por la suma de G. 85 millones; Jorge Raúl García Rotela y María del Socorro García de Ferreira por la suma de G. 300 millones; Gumercindo Leguizamón Ortiz y Purificación Gómez de Leguizamón por la suma de G. 53 millones; Ronney Daniel González Fernández por la suma de G. 120 millones; Walter Escobar García por la suma de G. 53 millones; Giovanni Martín Amaini Fischer por la suma de G. 250 millones; Damián Vázquez por la suma de G. 72 millones; Sara Luisa Alviso de Simón y Hugo Simón por la suma de G. 212 millones; Alfredo José Vinader Casali y Víctor José Vinader por la suma de G. 183.500.000; Daniel Iván Gómez Rambado por la suma de G. 72 millones; Rossana María Ramírez Alonso por G. 94.500.000 y Daniel Llano Benítez por G. 27 millones.

“El Estado paraguayo tuvo que realizar estimaciones de lo que costaría llevar adelante la demolición de las obras construidas, según sus dichos, de manera irregular. No se busca un lucro, sino más bien que los demandados se hagan cargo de los costos de reposición al estado anterior”, expresa el documento.

Por otro lado, existe una investigación penal por parte de la Fiscalía que busca definir si hubo delitos, como invasión o asociación criminal.

Más contenido de esta sección
Con una convocatoria que tuvo escasa concurrencia, ciudadanos volvieron a manifestarse este lunes frente a la sede del Ministerio Público, en Asunción, para exigir la renuncia o el juicio político del fiscal general del Estado, Emiliano Rolón. La protesta se suma a una serie de movilizaciones y cuestionamientos políticos por la actuación de la Fiscalía en las denuncias vinculadas al caso ueno bank y la presunta utilización de recursos públicos.
La Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara Baja, ya remitió a la mesa directiva el dictamen favorable de las ternas que envió el Senado para Defensor y Defensor Adjunto, respectivamente. Figuran 31 proyectos en el orden del día de la sesión del martes.
El coronel DCEM Carlos Miguel Pérez Rodríguez fue designado como nuevo comandante del Regimiento Escolta Presidencial, en reemplazo del coronel José David Daiub Fatecha, apartado del cargo tras la polémica por los privilegios otorgados al presidente Santiago Peña durante su permanencia en esa unidad militar.
La Cámara de Senadores tratará un total de 18 puntos en su orden del día de la sesión del miércoles y se destacan el proyecto de Reforma Policial, la suspensión en la creación de nuevas universidades y el que pide la renuncia a todas las autoridades que depositaron recursos públicos en ueno bank.
Los representantes sindicales de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) expresaron su respaldo al director ejecutivo paraguayo, Luis Benítez, en medio de los cuestionamientos por la colocación de los fondos del sistema complementario de jubilaciones y pensiones de los trabajadores. Los gremios sostienen que la operación se realizó conforme a las normativas vigentes y acompañan las gestiones para recuperar los recursos comprometidos.
El senador Éver Villalba (PLRA) plantea un sistema autónomo de prevención y sanción que incluye períodos de enfriamiento de hasta 24 meses, controles sobre empresas vinculadas y responsabilidades para beneficiarios finales. La propuesta, que está relacionada con puertas giratorias, se suma a otra iniciativa de la oposición que busca restablecer las disposiciones originales de la Ley 7089/2023, modificadas durante el gobierno de Santiago Peña.