13 jul 2026

Confirman embargo de ocupantes vips en la finca de Remansito

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Ocupación. Procuraduría quiere recuperar tierras que pertenecen al Ministerio de Defensa.

RODRIGO VILLAMAYOR

La Cámara de Apelaciones confirmó la orden de embargo sobre los bienes de los ocupantes irregulares de la Finca 916 de Jardines de Remansito, de Villa Hayes. Además, se reafirma la prohibición de hacer modificaciones o mejoras en el inmueble.

Luego de que la Procuraduría, a cargo de Marco Aurelio González, haya demandado a los ocupantes vips de Remansito, el Juzgado había ordenado el embargo y la prohibición de innovar, pero los afectados apelaron la resolución de primera instancia que ahora la Cámara finalmente confirma.

DEMANDADOS. El embargo afecta a Miguel Antonio Reynal Vera por la suma de G. 280 millones; a Horacio Melgarejo Lezcano, Diego Emilio Melgarejo Lezcano, Mauricio Javier Melgarejo Lezcano, Claudelina Lezcano de Melgarejo y Fernando Federico Lezcano por la suma de G. 85 millones; Jorge Raúl García Rotela y María del Socorro García de Ferreira por la suma de G. 300 millones; Gumercindo Leguizamón Ortiz y Purificación Gómez de Leguizamón por la suma de G. 53 millones; Ronney Daniel González Fernández por la suma de G. 120 millones; Walter Escobar García por la suma de G. 53 millones; Giovanni Martín Amaini Fischer por la suma de G. 250 millones; Damián Vázquez por la suma de G. 72 millones; Sara Luisa Alviso de Simón y Hugo Simón por la suma de G. 212 millones; Alfredo José Vinader Casali y Víctor José Vinader por la suma de G. 183.500.000; Daniel Iván Gómez Rambado por la suma de G. 72 millones; Rossana María Ramírez Alonso por G. 94.500.000 y Daniel Llano Benítez por G. 27 millones.

“El Estado paraguayo tuvo que realizar estimaciones de lo que costaría llevar adelante la demolición de las obras construidas, según sus dichos, de manera irregular. No se busca un lucro, sino más bien que los demandados se hagan cargo de los costos de reposición al estado anterior”, expresa el documento.

Por otro lado, existe una investigación penal por parte de la Fiscalía que busca definir si hubo delitos, como invasión o asociación criminal.

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