El presidente Mario Abdo Benítez visitó en la mañana de este miércoles la ciudad de Caacupé, del Departamento de Cordillera, para participar de un acto oficial y en ese marco fue consultado sobre la preocupación que expresó la Iglesia Católica acerca de los desalojos que sufren los indígenas.
El sacerdote Miguel Fritz, conocido por su lucha a favor de los pueblos indígenas, se refirió al respecto el domingo pasado, en su homilía durante la primera celebración del Novenario de la Virgen de Caacupé. El obispo de Ciudad del Este, Guillermo Steckling, hizo lo propio en la víspera.
El jefe del Ejecutivo se deslindó diciendo que los desalojos “son orden de cumplimiento judicial” y acotó que, no obstante, el Gobierno es consciente de la importancia “de generar mayor equidad y construir políticas de inclusión”.
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“Me gustaría que puedan ver la cantidad de títulos de propiedad que dio el Indert (Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra) en nuestra administración”, sostuvo Mario Abdo.
“Todavía no es suficiente, falta mucho más, pero demuestra -reitero, no es para jactarnos- el compromiso que tenemos para generar el acceso a la tierra de aquellos sectores que así lo merecen y que el Estado tiene la obligación de darles”, reforzó.
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Insistió en que se está haciendo un enorme esfuerzo con deudas y brechas históricas que se están cerrando. “Pero estas medidas son consecuencias del Poder Judicial, que nosotros vamos a acatar, o si no vamos a incumplir la ley”, vertió.
El obispo de Ciudad del Este cuestionó la expulsión de los indígenas de sus tierras, específicamente de la comunidad Cerrito de Alto Paraná, y se preguntó dónde están las leyes que los protegen.
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Fritz, por su parte, se refirió al cruel desalojo de la comunidad indígena Hugua Po’i, de Coronel Oviedo, así como la situación de los indígenas de Ka’a Poty, que se encuentran desprotegidos por parte del Estado.
Sostuvo que los indígenas son tratados de la peor forma y exigió el respeto a todos.
Cuestionó que en tiempo récord se haya promulgado la ley que aumenta la pena por invasiones, la cual dijo “que se presta a criminalizar a indígenas como a campesinos que luchan por su derecho por un pedazo de tierra, bajo el pretexto de la protección de la propiedad privada”. Exigió que se derogue la ley.
