El propietario admitió no tener permisos, según informaron desde la Fiscalía, mientras la comunidad sufre una drástica bajante en la toma de agua.
Este martes, desde las 10:00, una comitiva integrada por técnicos del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) y la Unidad Especializada de Delitos Ambientales se constituyó en la compañía Yabebyry.
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La alerta roja fue disparada por los funcionarios de la planta de tratamiento de agua local, quienes notaron que el flujo del arroyo disminuyó de forma repentina, poniendo en riesgo el suministro para los pobladores.
Durante el procedimiento, el dueño de la estancia La Yolanda aparentemente reconoció la autoría de la obra. Según su descargo, la construcción de arena busca reemplazar un “muro natural” que fue arrasado por inundaciones previas. Aprovechando la actual temporada de sequía, decidió levantar la barrera para proteger su vivienda de futuras crecidas.
Sin embargo, el hombre admitió que inició la obra sin contar con los permisos, alegando que los papeles “están en trámite”, según expreso al fiscal Hugo Dávalos.
El fiscal de Ayolas, quien lidera la investigación, se mostró cauto pero firme respecto a los pasos procesales.
“El propietario nos manifestó que decidió construir este muro para proteger su propiedad, reconociendo que aún no tiene el permiso ambiental correspondiente. No obstante, como Ministerio Público, debemos basarnos en criterios técnicos”, explicó Davalos.
Al ser consultado sobre la posibilidad de una imputación inmediata o la orden de demolición del muro, Dávalos explicó.
“Aún no podemos tomar la determinación de retirar el muro o formular una imputación. Estamos supeditados al informe pericial de los especialistas del Mades. Ese documento técnico, que estaría disponible en aproximadamente 15 días, determinará la magnitud del daño y las medidas urgentes a tomar”, detalló
Mientras los peritos evalúan si el muro bloquea el flujo natural y afecta al ecosistema del Yabebyry, los pobladores permanecen en estado de alerta.
La comunidad espera que la justicia actúe con celeridad, ya que el arroyo es el pulmón vital para la zona y cualquier alteración antrópica sin control podría derivar en una catástrofe ambiental.
El intendente local, Ignacio Brizuela, y el presidente de la Junta Municipal, Jhonatan Montañez, también se hicieron presentes, debido a la preocupación por el cauce hídrico, que presentaba una bajante inusual y niveles de suciedad atípicos.
