El asesor legislativo de la Presidencia, Hernán Huttemann, confirmó que el titular del Ejecutivo, Mario Abdo Benítez, aceptó la renuncia de los cuatro altos funcionarios que pusieron este lunes sus cargos a disposición, tras el escándalo por la firma del acuerdo secreto con el Brasil, sobre la compra de energía de Itaipú.
Los afectados son el canciller Luis Castiglioni; el presidente de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), Alcides Jiménez; el embajador paraguayo en Brasil, Hugo Saguier Caballero, y el director paraguayo de la Itaipú Binacional, José Alderete.
El mandatario tomó la decisión de apartarlos del cargo debido a la crisis política y la fuerte presión que se generó por la firma del acta bilateral cuestionada por varios especialistas.
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La bancada del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) fue la que emplazó al presidente de la República, Mario Abdo Benítez, a destituir a los cuatro en un plazo no mayor de 24 horas o, de lo contrario, iniciaría el proceso para un juicio político en su contra.
Igualmente, los reemplazantes de cada uno de ellos se conocerán durante la semana, según informó Huttemann en conferencia de prensa.
Saguier Caballero fue quien firmó el acuerdo con Pedro Miguel da Costa e Silva, encargado de Negociaciones Bilaterales del vecino país, mientras que Jiménez formó parte de la asesoría técnica del lado paraguayo.
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El Sindicato de Trabajadores de la ANDE (Sitrande) y otras organizaciones de la sociedad civil llegaron hasta la Plaza de Armas, frente al Congreso Nacional, para protestar contra el acuerdo.
Esta acción del Ejecutivo provocó la renuncia del entonces presidente de la empresa estatal, Pedro Ferreira, quien se negó a dar su firma para el acuerdo. En la misma línea estuvo el gerente técnico, Fabián Cáceres, que también presentó su dimisión al cargo.
Desde el entorno de Abdo Benítez, el argumento era que el acuerdo era beneficioso para el país, pero no lograron explicar en qué sentido. Inclusive, Jiménez admitió que la contratación de potencia para el Paraguay tendría un sobrecosto de USD 210 millones.
