La resolución favorece a los imputados Antonio Prieto Cané, Juan Ramón Galván Aponte, Francisco Javier Valenzuela Lugo, Derlis Rubén Largo y Lilian Ramona Benítez de Prieto.
El magistrado le aplicó como condiciones la comparecencia mensual para firmar el libro de comparecencia, prohibición de salir del país sin permiso del juzgado y evitar acercarse a las dependencias de Obras y Vialidad o contactar con sus funcionarios.
Asimismo, los imputados presentaron una caución juratoria y, dentro del plazo de 30 días hábiles, deberán presentar un fiador personal idóneo o una caución real con la tasación y la condición de dominio en caso de ser un inmueble.
En el caso, según la imputación, los mencionados habrían utilizado vehículos, maquinarias e insumos municipales para pavimentar un terreno de Condor SACI en julio de 2026.
La Fiscalía sostiene que, en principio, el perjuicio preliminar para la Municipalidad de Asunción fue estimada en la suma de G. 100 millones.
En su imputación del pasado 26 de agosto, los agentes fiscales Luis Lionel Piñánez y Christian M. Benítez Cáceres, de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, solicitaron la aplicación de las medidas alternativas a la prisión preventiva a los cinco procesados.
En la audiencia de imposición de medidas, los encausados, junto con sus abogados defensores, se allanaron al pedido de medidas cautelares.
Después, el juez calificó el delito como apropiación y concedió las medidas alternativas a la prisión preventiva de los cinco encausados.
La imputación
Conforme con la imputación fiscal, los procesados habrían utilizado bienes, insumos, vehículos y maquinarias pertenecientes a la Municipalidad de Asunción para ejecutar trabajos privados de pavimentación en el predio de la firma Condor SACI. El hecho investigado habría ocurrido el 11 de julio de 2026.
Según la investigación, uno de los funcionarios habría ofrecido y coordinado la realización de la obra ante la empresa privada utilizando la denominación comercial “AP – Construcciones Obras Viales”. Para la ejecución de los trabajos se habría desplegado una cuadrilla de diez obreros, entre quienes fueron identificados otros tres funcionarios municipales.
Asimismo, los imputados “habrían dispuesto irregularmente de recursos destinados exclusivamente a obras públicas municipales. Entre ellos se encuentran camiones volquetes utilizados para trasladar mezcla asfáltica desde la planta de la Municipalidad hasta el inmueble privado”.
En la imputación, dicen que también habrían sido empleadas maquinarias pesadas pertenecientes al patrimonio municipal, entre ellas una retroexcavadora, una terminadora asfáltica y una compactadora de asfalto, que habrían sido trasladadas y utilizadas para la ejecución de la obra particular.
Respecto a Lilian Ramona Benítez de Prieto, imputada como cómplice, los fiscales señalan que los elementos reunidos inicialmente indican que habría tenido a su cargo gestiones administrativas vinculadas al cobro del dinero por los trabajos realizados, en cuyo desarrollo presuntamente fueron utilizados bienes y recursos estatales.
