Hubiera pasado solo como una frase poco feliz, por desalentadora, si no fuera porque buena parte de la sociedad tiene la percepción de que el Ministerio Público tiene muy poco interés en el caso. Aunque Emiliano Rolón explicó que se refería a la falta de recursos tecnológicos de la Fiscalía, aquello reforzó la sensación generalizada de inacción.
Prueba de ello fue el elocuente comunicado emitido entonces por la viuda de Marcelo Pecci, Claudia Aguilera, en el que solicitaba “humanidad ante el dolor que sentimos” y “consternación ante el reconocimiento público de las casi nulas probabilidades de esclarecerlo en Paraguay”.
Es que hay razones para la desconfianza. La Fiscalía ni siquiera se sonroja ante las abismales diferencias entre las investigaciones colombianas y las nuestras. Colombia tiene el caso prácticamente cerrado y aquí todo parece moverse al ritmo de una tortuga con artralgias. Es quizás injusto decirlo, pero también imposible dejar de recordar que Pecci era compañero de trabajo de los fiscales paraguayos, no de los colombianos.
Enseguida después de las declaraciones del articulador del crimen, Francisco Correa, se conformó un equipo de fiscales y luego… de nuevo, un largo silencio. Tan largo que, en marzo pasado, varios referentes políticos reclamaron alguna información. Uno de los más vehementes fue el senador Eduardo Nakayama, lo que motivó el enojo del fiscal general. Pero avances en la investigación, que es lo importante, no hubo.
¿Estarán atados de manos? Imposible saberlo, pero la aparente inactividad se volvió exasperante. El abogado Francisco Bernate, quien en Colombia representa a la familia de Pecci, considera que la gran pregunta es “saber qué está pasando en Paraguay con esta investigación y hasta qué punto se ha avanzado”. Y probablemente, todo seguiría así, si no hubiera irrumpido una noticia inesperada: Los yanquis están interesados en participar del proceso.
En verdad, interesados, siempre estuvieron. No debe olvidarse que el gobierno de Biden puso una recompensa de cinco millones de dólares para quien dé informaciones útiles. Marcelo Pecci era alguien importante para los Estados Unidos. Pero lo de ahora era diferente: Un grupo de fiscales de Florida y agentes de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) estaba en Colombia con el fin de interrogar a los condenados y determinar si esa muerte afectó intereses norteamericanos, en cuyo caso podría plantearse su extradición.
Y es justo entonces cuando, con energía y súbita rapidez, el fiscal de Asuntos Internacionales, Manuel Doldán, solicita en carácter de urgencia, una reunión con sus pares de Colombia “por la alta necesidad de adelantar y esclarecer el caso”. ¿Cómo no leer todo esto en clave de suspicacia?
Llevan dos años sin mostrarse interesados y cuando llegan los fiscales estadounidenses, se apuran en ir a averiguar para qué vinieron, ya que no fueron invitados. Suena demasiado a un intento de obtener respuestas a preguntas neuróticas: ¿Qué información tienen? ¿Qué piensan hacer?
Como sea, la intervención de un poderoso tercer país abre una lucecita de esperanza para dar con quienes mandaron matar a Marcelo Pecci. Si gracias a eso el caso llegara a resolverse, la frase del fiscal general habrá sido premonitoria. Evocaría un nuevo truco de prestidigitación de Mandrake. Al fin y al cabo, como los fiscales yanquis, él hablaba inglés.
