La fiscala Belinda Bobadilla, en la audiencia preliminar de este lunes, se ratificó en su pedido de suspensión condicional del procedimiento con respecto a los ex ujieres Nicolás Antúnez, Audrey Galeano y Alfredo René Benítez, procesados por su participación en el esquema conocido como la mafia de los pagarés.
La agente señaló que habían colaborado en la investigación del caso, y aportaron pruebas, a más de reconocer los hechos, conforme señala la ley procesal, con lo que solicitaban la salida procesal.
Además, las defensas de los encausados se allanaron al pedido del Ministerio Público y consintieron en la aplicación de la figura procesal, con la suspensión del proceso, con la condición de realizar la reparación del daño social.
Ya al estudiar el pedido, el juez de Delitos Económicos, Rodrigo Estigarribia, le dio el trámite de oposición al pedido, ya que a su parecer estos debían enfrentar juicio oral y público, teniendo en cuenta los hechos irregulares en los que estarían involucrados.
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De esta manera, el juez dispuso que se remitan los antecedentes a la Fiscalía General del Estado a fin de que el superior ratifique la petición de los agentes o, en su caso, acuse a los tres procesados, conforme señala el artículo 358 del Código Procesal Penal.
Respecto a estos tres ex ujieres, los fiscales Belinda Bobadilla, Leonardi Guerrero y Jorge Arce, los habían ofrecido incluso como testigos en el proceso, lo que había sido rechazado por el juez teniendo en cuenta que eran procesados.
Además, con la medida, el magistrado se mantuvo en su postura, ya que en la otra audiencia preliminar, también le dio trámite de oposición respecto al ujier Arturo Ayala, que había pedido la aplicación de la figura y la Fiscalía se había allanado.
En su justificación, había señalado que le parecía injusto que a la actuaria Martina Rivela –a quien condenó a 2 años de cárcel en procedimiento abreviado en la preliminar– tenga una condena cuando participó en unos 22 expedientes irregulares, y el ex ujier que tuvo cerca de 70 expedientes irregulares, se le suspendiera el proceso.
Ahora se debe esperar la decisión del fiscal general respecto al caso, ya que los fiscales están pendientes de los testimonios de los ex ujieres con los que podrían probar, según su acusación, que los jueces, actuarios y abogados sabían que no se habían realizado las notificaciones.