La Comisión Especial del Senado que investiga la trama delictiva conocida como la mafia de los pagarés juntó a representantes de diferentes instituciones públicas, como el Ministerio de Educación, de Salud Pública y Bienestar Social, de Trabajo, y de Economía y Finanzas, para buscar soluciones a los descuentos compulsivos de los salarios de miles víctimas. Teniendo en cuenta que a muchos de ellos incluso se les recorta más del 50% de su sueldo, superando lo establecido por ley.
En el encuentro también participaron representantes de la Asociación de Jueces de Paz, Abogados Laboralistas del Paraguay y estuvieron presentes los propios afectados por la mafia de los pagarés que integran la coordinadora de víctimas.
Reducen embargo de una víctima
La reunión se basó en torno al caso de una víctima a quien se le descontaba mes a mes G. 3.952.000 por un embargo, lo que representa el descuento del 76% de su salario neto; es decir, superando el 50% límite que se le puede descontar a un asalariado, según la Ley 7564/2025, que establece procedimientos y límites para la autorización de descuentos y traba de embargos en instituciones públicas.
Si bien en el expediente consta que la demandada percibía G. 6.205.706, a dicho monto debía descontarse el aporte jubilatorio de G. 992.912, por lo que su salario neto consiste en G. 5.212.794.
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En este caso, la víctima fue demandada por la empresa LM Hogar SA por dos pagarés del mismo monto, en el Juzgado de Paz de Luque, y le impusieron dos embargos por valor de G. 1.976.339 cada uno, que totalizaban los casi G. 4 millones descontados de manera mensual que iniciaron en diciembre del 2024.
El año pasado tomó el caso la defensora pública Leticia Casaccia, quien planteó un incidente de reducción de embargo y la jueza interina Cinthia Usher resolvió disminuir a G. 1.303.199 cada embargo. Con esto, en total, ahora la víctima recibe un descuento de G. 2.606.397. La magistrada reconoció que, según la norma, “los descuentos sobre salarios no pueden exceder el 50% del salario neto”.
Esta es la historia de una sola afectada; sin embargo, así como ella, existen miles de víctimas que están sufriendo mes a mes descuentos ilegales, sobrepasando incluso el 100% del recorte salarial, según había denunciado el senador Rafael Filizzola, presidente de la Comisión Especial del Senado.
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Buscan llegar a un acuerdo
Durante la reunión se comentó sobre ese caso puntual y analizaron los criterios que actualmente se aplican para descontar los salarios a través de embargos o por el débito automático.
Filizzola incluso impulsó un acuerdo para frenar esos descuentos excesivos, que en su mayoría afectan particularmente a docentes y personal de Enfermería.
Desde la Comisión Especial indicaron que continuarán acompañando este proceso de articulación institucional, con el objetivo de “fortalecer la seguridad jurídica” y “garantizar la protección efectiva del salario de las trabajadoras y los trabajadores afectados”.
Descuentos en el sector privado
Durante el encuentro también se abordó la situación de los descuentos judiciales a trabajadores del sector privado.
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Hablaron que lo ideal sería que el cálculo de descuento mensual se haga con base en el salario neto o percibido, teniendo en cuenta el descuento por el aporte al Instituto de Previsión Social (IPS).
Entre todos coincidieron que se evaluará si resulta necesaria otra norma legislativa o administrativa que establezca con claridad este criterio.
