La fiscala Liz Medina imputó a una ex jueza de Paz de Luque, una actuaria judicial, un ujier notificador, un oficial de Justicia, un abogado de una empresa y dos supuestos testigos, según informó el Ministerio Público. Es en el marco del caso conocido como la mafia de los pagarés.
De acuerdo con el reporte oficial, la Fiscalía tiene sospechas de que se habrían cometido una serie de presuntas irregularidades durante la tramitación de un juicio ejecutivo. Aparentemente, el abogado de la empresa Comaco SRL solicitó la aplicación de apercibimientos al juzgado basándose en supuestas notificaciones que, en realidad, no se habrían realizado.
“En ese contexto, la actuaria judicial habría informado falsamente a la jueza que dichas notificaciones fueron practicadas y que la demandada no compareció a reconocer su firma”, agregaron.
Con esos informes, la entonces jueza de Paz ordenó la prosecución del juicio ejecutivo. Inclusive, esa resolución también habría sido objeto de una notificación falsa por parte del ujier notificador.
Sumado a eso, el oficial de Justicia habría consignado de manera falsa el cumplimiento de intimaciones de pago y embargo, como también otras notificaciones procesales posteriores, todas supuestamente realizadas en Luque.
Según la Fiscalía, pese a tener conocimiento de la falsedad de los informes de notificación, el abogado habría instado el dictado de autos para sentencia de remate. Posteriormente, la jueza, con el refrendo de la actuaria, dictó una sentencia en octubre del 2015 ordenando la ejecución y el remate. Para la representante del Ministerio Público, la ahora imputada tenía conocimiento de que las notificaciones no se habrían realizado efectivamente.
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La principal sospecha es que “informes de notificación falsos, elaborados por el ujier y avalados por la actuaria, habrían sido utilizados de manera consciente por el abogado demandante para impulsar el proceso civil, pese a saber que la demandada nunca fue debidamente notificada”.
La imputación fue por supuesto prevaricato, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso, uso de documentos públicos de contenido falso y testimonio falso. La fiscala pidió medidas suspensivas a la ejecución de prisión preventiva.
