Los abogados de Luiz Inácio Lula da Silva presentaron ante el máximo tribunal un recurso de habeas corpus este lunes, con el objetivo de restablecer la libertad plena del ex mandatario, quien cumple desde abril pasado una condena de 12 años y un mes por corrupción pasiva y lavado de dinero.
La defensa se apoya en el anuncio de Sergio Moro –quien hasta el momento es responsable en primera instancia de las investigaciones de la operación Lava Jato, por la que fue condenado Lula– como futuro ministro de Justicia y Seguridad del gobierno de Jair Bolsonaro.
En el escrito, los abogados alegan la irremediable pérdida de la imparcialidad de Moro para procesar y juzgar al ex jefe de Estado (2003-2010), con quien el magistrado estableció una relación de enemistad capital, además de demostrar la existencia de intereses extrajudiciales.
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Moro, símbolo de la lucha anticorrupción para una parte de la población brasileña, condenó a Lula en 2017 a nueve años y seis meses de prisión al dar por comprobado que recibió un apartamento de parte de la constructora OAS a cambio de favores políticos para esa empresa.
Esa condena fue ratificada y ampliada a doce años y un mes por un tribunal de segunda instancia y, posteriormente, fue el propio Moro quien ordenó en abril pasado el ingreso en prisión del antiguo dirigente sindical.
Desde entonces, la defensa de Lula intentó múltiples recursos en distintas instancias judiciales para intentar conseguir su libertad, pero todos fueron negados.
En este nuevo pedido, los abogados reiteran que Moro reveló clara parcialidad y motivación política en el desarrollo de los procesos penales contra el ex gobernante, sospechas que se vieron fortalecidas, argumentan, después de que el magistrado aceptó formar parte del futuro Ejecutivo de Bolsonaro.
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Moro oficializó hoy que se aparta de los procesos de la Lava Jato antes de renunciar completamente a su cargo, cuando estaba cerca de finalizar otra de las causas penales abiertas contra el ex mandatario.
En ese proceso, Lula es acusado igualmente de corrupción pasiva y lavado de dinero por supuestamente haberse beneficiado de las reformas millonarias que las constructoras OAS y Odebrecht realizaron en una casa de campo cuya propiedad se le atribuye en Atibaia, en el interior del estado de Sao Paulo.
La declaración presencial del ex presidente sobre este caso está prevista para el día 14 de este mes, en la que sería la primera vez que saldría de la celda de la sede policial en la ciudad de Curitiba, en la que cumple su condena.
No obstante, el anuncio de Moro como futuro ministro podría alterar ese cronograma.
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