El senador liberal Éver Villalba, en contacto con Última Hora, aclaró que el proyecto es única y exclusivamente para los funcionarios públicos administrativos, ya que los docentes se rigen por otras reglas y las otras cajas también.
Explicó que hay tres tipos de jubilaciones para el funcionariado público, entre las que se encuentra la ordinaria, que es a los 62 años, lo que permanece inalterable; la extraordinaria, que es de 50 años de edad y 20 años de aporte y la obligatoria, a los 65 años.
En ese sentido, cree que es injusta para los funcionarios que llegan de manera tardía a la función pública y cuando llegan a los 65 años no tienen los años de aporte suficiente para que se le garantice una jubilación digna o una cotización de más del 50%.
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“Lo que se pretende modificar ese tope de 65 y elevarlo a 75, coincidiendo con lo que establece la Constitución Nacional para los ministros de la Corte Suprema de Justicia, que los obliga a abandonar el cargo a esa edad”, manifestó.
El legislador sostuvo que esa es la línea en la cual se presenta el proyecto de ley, para los que deseen y estén en condiciones de seguir trabajando, lo hagan de manera voluntaria para aumentar su aporte y tener una jubilación con un porcentaje mayor de su salario.
“La jubilación ordinaria es a los 62 años de edad y la máxima con 40 años de aporte, con eso uno tiene el 100%, después hay una escala, pero a los 62 uno ya puede jubilarse”, detalló.
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Como ejemplo, dijo que si uno tiene 20 años de aporte y 62 años de edad puede jubilarse con el 47% de su salario, lo que está vigente en la Ley 4252 y que eso no cambia, solo la jubilación obligatoria, ya que muchas personas son mandadas a sus casas a los 65 años con una jubilación que les perjudica, ya que no llega al 100%.
Sobre el punto, mencionó que muchos funcionarios acuden a la Corte Suprema de Justicia con acciones de inconstitucionalidad, porque se sienten perjudicados, pero últimamente la máxima instancia judicial ha dejado la responsabilidad al Poder Legislativo, pese a que en otras ocasiones sí concedió las medidas a funcionarios que permanecen con más de 65 años trabajando.
Villalba indicó que la ley actual establece el tipo de los 65 años, pero es el Poder Judicial el que interpreta la ley cuando el ciudadano se siente afectado en sus derechos y lo califica de inconstitucional.
“Ahora se devolvió la responsabilidad a nosotros, pero en algunas interpretaciones se dio la medida cautelar y hay funcionarios con más de 65 años que siguen trabajando en la función pública”, afirmó, a la vez de asegurar que se debe brindar el mismo derecho a todos.
Ante la consulta sobre la renovación de los funcionarios y el ingreso de jóvenes, manifestó que aquellos que obtengan ya el 100% de su jubilación pero quieran seguir trabajando pueden hacerlo, pero que el tope es los 75.
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El legislador remarcó que el espíritu del proyecto es que las personas que lleguen a la tercera edad puedan tener una jubilación digna y no se jubilen con montos mínimos, justamente cuando va a necesitar de sus ingresos, a la edad adulta, donde se debe garantizar que pueda llegar a cubrir sus necesidades de medicamentos, de salud.
Ante la consulta de cuál es el monto máximo de jubilación en el sector público, dijo que es de 10 salarios mínimos, lo que ronda los G. 25 millones, mientras que en el sector público no supera los G. 10 millones.
El senador especificó que el proyecto se encuentra en estudio de las comisiones y que también se convocarán audiencias públicas para hablar con los funcionarios públicos, pero que la iniciativa obedece a pedidos de funcionarios públicos, aunque duda de que se pueda tratar este año, atendiendo a que está en estudio el PGN 2024.
El liberal reiteró que el proyecto nada tiene que ver con el del Ejecutivo, que pretende avanzar con reformas de las cajas jubilatorias.
“Sí hay que empezar a analizar, ver las proyecciones de las cajas para que se vayan jubilando para cuando llegue el año de su jubilación puedan disfrutarlo sin problema”, aseveró.
Finalmente, agradeció el espacio para aclarar el proyecto y darle tranquilidad a la ciudadanía, ya que no tienen nada que ver con la jubilación de docentes y otras cajas.
