28 feb. 2024

Un sistema de jubilaciones a prueba de corruptos

Tras los últimos escándalos por los malos manejos del Instituto de Previsión Social y la difusión de estudios actuariales que alertan del inminente colapso de todas las cajas de jubilaciones y pensiones, se abrió de nuevo el debate sobre la necesidad de una reforma urgente del sistema de jubilaciones en el país.

Evidentemente resulta difícil, para no decir imposible, encontrar un plan de jubilaciones perfecto que dure por lo menos 100 años. La experiencia a nivel global nos dice que todos los planes de jubilaciones y pensiones funcionan muy bien en los primeros 25 años, funcionan bien hasta los 50 años, muestra los primeros inconvenientes a los 75 años y pocos llegan a los 100 años.

Ante la necesidad de mantener funcionando los sistemas de jubilaciones, los administradores y los gobiernos se vieron obligados a realizar modificaciones o actualizaciones a largo de la vida de un ente de jubilaciones. Estos ajustes a veces se hacen para aumentar los beneficios a favor de los jubilados o para disminuirlos según sea la situación del fondo de jubilaciones.

Otras modificaciones se realizan para aumentar los requisitos para acceder a una jubilación mínima, como ser los porcentajes de aportes, años de aporte, edad mínima para jubilación y el monto o porcentaje de jubilación que recibirá el beneficiario.

En Paraguay, hasta finales de los años 90 no se registraron inconvenientes para el funcionamiento de las distintas cajas jubilatorias. Pero la crisis financiera que se dio a mediados de los años 90 y sus graves efectos en la economía nacional impacto directamente en la caja de jubilados de los empleados bancarios y posteriormente crisis económica que impacto en la Caja Fiscal. A partir de ahí las demás cajas de jubilaciones y pensiones también empezaron a mostrar fuertes deterioros y cuyas posibles soluciones se debaten desde inicios del año 2000 pero lastimosamente no se pudo llegar a un acuerdo si cuál es la solución ideal para salvar las cajas de jubilaciones y pensiones que operan hoy en el país y atienden a distintos sectores de trabajadores.

Entre los factores que atentan contra las reforma del sistema de jubilaciones se puede citar la corrupción, la desconfianza entre aportantes y administradores y el temor a perder los beneficios o futuros beneficios contemplados actualmente en las leyes vigentes.

Sin duda que el manejo deshonesto de los fondos jubilatorios es uno de los peores males que atentan contra el buen y duradero funcionamiento de cualquier sistema.

Por lo tanto, cualquier modificación sobre las leyes jubilatorias, en primer lugar, debe cerrar todas las puertas a posibles manejos corruptos e irresponsables de los administradores y establecer una sistema de control extremadamente riguroso sobre quienes manejan el dinero de los aportantes. Ningún sistema podrá sobrevivir en el tiempo, por más bueno que sea, si primero no se pone un cepo a la corrupción y a los corruptos.

En segundo lugar, está la desconfianza entre los jubilados, aportantes y los administradores de los fondos jubilatorios. Ese temor impide que las partes se puedan sentarse a debatir las posibles soluciones para mantener funcionando las cajas y cumpliendo con sus jubilados. Para retomar esa confianza hay que convocar a profesionales honestos y capaces que realmente quieran dejar una legado para las generaciones.

Por último, el temor a perder los beneficios ya adquiridos o que se aumenten los requisitos para acceder a la jubilación es el punto que se debe debatir buscando un justo equilibrio sin afectar en demasía a los beneficiarios ni tampoco quebrantar los recursos jubilatorios. Demandará un amplio debate una disminución gradual de los beneficios y un aumento progresivo de los requisitos. Lastimosamente, no queda otra opción. Pues de seguir el mismo camino se corre el riesgo de perder todos los beneficios por los que uno aportó durante la vida laboral.

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