Las plazas siempre fueron lugares de protesta social y a pesar de que los gobiernos colorados intentaron desactivar estos espacios a lo largo de los años, las diferentes organizaciones y sindicatos siguieron expresando sus reivindicaciones desde lugares públicos, porque este posicionamiento político significa además defender la democracia.
Pero el derecho a expresarse y manifestarse está amenazado además por las represiones y más aun teniendo en el poder al cartismo, que no tolera oposiciones a sus proyectos y caprichos. La última prueba es la acción desmedida y hasta premeditada de las fuerzas policiales en contra de trabajadores y jubilados que se oponían a la aprobación del proyecto de ley de superintendencia de jubilaciones y pensiones.
Cuando la Cámara de Senadores dio media sanción a la propuesta, apenas sonaron las bombas 3x3, los policías, empezaron a reprimir a los manifestantes en la Plaza de Armas y a perseguirlos mientras se dispersaban con los ojos dañados con gases lacrimógenos. Todo parecía muy bien planeado para acompañar al cartismo en su idea apresurada aumentar el poder del Ejecutivo sobre las cajas de jubilaciones públicas y privadas.
Esta actitud hace sospechar aún más sobre las verdaderas intenciones del Gobierno con esta ley, ya que en vez de buscar la legitimación de su proyecto con audiencias públicas y debates con todos los sectores de la sociedad que podrían ser afectados, optó por imponer sus ideas y lanzar gases a los jubilados indignados.
La movilización creció y se extendió ayer a más zonas del país ante el inminente tratamiento del documento en la Cámara de Diputados para el pitazo final en el Congreso y su pase a manos del Ejecutivo para la simple formalización del trámite, sin consenso ni debate y en medio de confusiones sobre las versiones del proyecto que circulaban en el pleno.
Irónicamente esto sucede en la misma semana en que se cumplen 75 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuya celebración prevista en la Manzana de la Rivera, se suspendió por las manifestaciones.
Autoritario. El cartismo intentó camuflar su decisión unilateral sin participación ciudadana con un convenio firmado con centrales obreras, pero en las calles se sintió que una gran parte de la clase trabajadora no estaba de acuerdo, sobre todo con el proceso antidemocrático que quedó evidenciado de sobra en prácticamente 24 horas.
La falta de apertura para dialogar sobre este proyecto es grave y aunque Carlos Fernández Valdovinos se canse de explicar “sus bondades”, de nada sirve si no dan tiempo para la interpretación, análisis y consenso ciudadano.
Es extremadamente grave porque se trata de los fondos que cada trabajador y trabajadora fue aportando de su bolsillo a lo largo de décadas con la esperanza de acceder a su dinero una vez que cumpla con su vida laboral y camine hacia una una vejez digna y feliz, especialmente en un país en que no hay políticas públicas destinadas a los adultos mayores, apenas una irrisoria pensión para quienes viven en la extrema pobreza.
En este contexto cobra más seriedad el temor de que el Estado se apropie del dinero de los aportantes, estando detrás los colorados que gobiernan el país desde hace más de 60 años y que desde entonces impiden el desarrollo integral de su población, apenas ofrecen migajas para sobrevivir, de manera a que persista una dependencia prebendaria hacia esta agrupación que reivindica el autoritarismo y que cada vez es más flexible con la corrupción y hasta con el narcotráfico.
