Los estudiantes de la prestigiosa casa de estudios decidieron tomar varias de las sedes, además del rectorado, mientras que las autoridades universitarias establecieron un paro académico para apoyar a los alumnos en su reclamo.
La Ley de Arancel Cero se encontraba garantizada mediante fondos provenientes de la compensación y cesión de energía de las hidroeléctricas, pero con la Ley Hambre Cero pasará a ser financiada con Fuente 10 o recursos públicos, que actualmente ya financia el 94% del presupuesto de la Universidad Nacional de Asunción (UNA).
Para el ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, ese 6% restante no representará una carga significativa, mientras que los estudiantes dudan de las garantías del Gobierno, atendiendo el déficit fiscal y los constantes recortes al presupuesto de la casa de estudios. Lea más
Fiscalía pide pronunciamiento a la Justicia por “restitución de fueros” a senadores
Los fiscales Silvio Corbeta, Patria Sánchez y Natalia Fúster pidieron un pronunciamiento a la Justicia con respecto a la restitución de fueros a los senadores Erico Galeano, Hernán Rivas y Rafael Fillizzola, en el marco de una jugada del cartismo que no tiene precedentes.
Los fiscales sostienen que la medida tomada por los senadores es inconstitucional, mientras aguardan que los jueces a cargo, como también la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia se pronuncien al respecto.
El cartismo y sus aliados anularon los desafueros que habían aprobado, luego de no conseguir los votos de la oposición y senadores disidentes del propio Partido Colorado para retirar los fueros al ex mandatario y senador vitalicio, Mario Abdo Benítez, quien está imputado en una causa denunciada por Horacio Cartes, líder del movimiento y presidente del Partido Colorado. Entérese más
Juez involucrado en presunto esquema se entrega a la Justicia
El juez de Paz de Chaco’i, Jorge Franco Garelik, se entregó ante la Justicia luego de ser imputado por supuesto prevaricato y asociación criminal, en el marco de un presunto esquema de estafa a través de una playa de automóviles de nombre Steven Automotores.
El Ministerio Público sospecha que el juez firmaba resoluciones de secuestro de vehículos sin cumplir las formalidades que requiere un juicio ordinario en el ámbito civil.
Los clientes compraban vehículos con una entrega y quedaba un remanente a cubrir en cuotas. Sin embargo, en la adenda firmada figuraba que ante el mínimo retraso de los pagos, debían devolver el auto, que posteriormente era revendido. Le puede interesar
