La Fiscalía tiene una gran responsabilidad en dar con los responsables de esta red por la que ya realizó varios allanamientos a Juzgados de Paz, estudios jurídicos y empresas de cobranzas.
Aspectos sumamente llamativos e ilegales, como el hallazgo de expedientes judiciales originales en la oficina de una abogada y también en una empresa de cobranzas, solo prueban cómo el sistema judicial está implicado en esta operación fraudulenta que ya viene desde hace años y que hace poco tiene la intervención de la Fiscalía, de la que se espera esclarezca y llegue a los poderosos que manejarían la estructura. El hecho de que se haya encontrado y se incautaron de 31 expedientes originales de juicios por cobro en guaraníes y otros documentos en un estudio jurídico hace presumir que funcionaba como un Juzgado paralelo, al que corresponden realmente los casos. Es una situación muy grave porque el Juzgado deja de tener el manejo de los expedientes y pasa a tener una complicidad manifiesta en el doble o triple cobro de un mismo pagaré.
Ante el impactante modus operandi que salta en escena y que salpica a jueces, ya sea por acción u omisión, la Corte Suprema de Justicia suspendió a varios titulares de los Juzgados de Paz y a funcionarios. La pregunta que emerge es si se podrá llegar también a los demás de alto nivel, ya que es difícil creer que los jueces actuaron por cuenta propia y sin la promesa de una protección. Y dentro de estos juzgados se encuentran los funcionarios implicados que pese a no tener elevados salarios; sin embargo, muestran un nivel de vida a todo lujo que se reflejan en viajes al extranjero, autos de alta gama y costosas fiestas.
El abogado Jorge Rolón Luna, quien realizó una denuncia pública sobre el caso, explicó con mucha claridad cómo opera el esquema, por eso vale reproducir un fragmento de un artículo anterior de ÚH en este espacio. “En algunos casos, un pagaré ya ejecutado; es decir ya pagado, se vuelve a ejecutar y se ejecuta en un Juzgado distante del Juzgado original, generalmente a muchos kilómetros de la casa del demandado, para que no pueda defenderse”. También están los casos en los que pagarés son fraguados y no existe la deuda, pero se les demanda y corre el juicio, obligando a las víctimas a pagar. “En otros casos puede ser que el pagaré original representa una obligación de G. 2 millones y con maniobras que realizan estos actores privados, se quintuplica (el monto), gracias a la complicidad de los Juzgados de Paz”, refiere. “Hay algunas casas de cobranza y casas de crédito, estudios jurídicos, que literalmente funcionan como secretaría de estos juzgados de Paz. O sea, manejan los expedientes, los tramitan, imprimen la resolución y solamente queda hacer la firma del juez o jueza”, describe Rolón. Todos esos casos de estafa, al final, tienen algo en común, que es que supuestamente hacen la notificación al deudor, pero llamativamente la persona nunca está cuando se le notifica, con lo que hace que se acumule el interés, y genera una mora artificial. Con todo lo expuesto y por las víctimas de este escandaloso esquema corrupto, es necesario que el Ministerio Público llegue al fondo de la mafia de los pagarés. Que todos los involucrados desde el más bajo nivel al más alto rango, tanto en los sectores públicos y privados, paguen sus culpas y que se haga justicia por tantos afectados.
