Las autoridades de la ANDE informaron que deberían subir las tarifas en un contexto en el que se mantienen altos niveles de ineficiencia y pérdidas, lo que ocasiona también problemas a los consumidores y pequeñas y medianas empresas.
Los cortes de energía generan pérdidas millonarias para las empresas, interrumpen cadenas de producción y desincentivan la inversión. Un servicio eléctrico poco confiable es un lastre para la competitividad del país. Socialmente, afecta la calidad de vida de los ciudadanos, interrumpe la educación en un mundo cada vez más digital y compromete servicios esenciales como la salud.
Ambientalmente, es una ironía que teniendo una de las energías más limpias del planeta, la ineficiencia de la distribución cause desperdicios del recurso y obligue a hogares y empresas a depender de generadores contaminantes, y en el caso de los hogares de menores ingresos, del uso de leña.
El titular de la ANDE informó que el déficit tarifario de la década del 2000 hasta la fecha ya asciende a aproximadamente USD 1.500 millones, lo que iguala a la deuda que arrastra la institución a largo plazo. Según la misma fuente, las pérdidas en distribución rondan el 22%, las pérdidas comerciales están en torno al 11%, y la morosidad, se encuentra en un 20%.
Según la referida autoridad, el problema radica en que se mantuvo una tarifa política y no una tarifa técnica; sin embargo, la propuesta también es política ya que no plantea una solución que distribuya equitativamente el esfuerzo económico de financiar el déficit. La crisis financiera, en parte por ineficiencias y mala gestión, no puede ser sobrellevada por la población que ya está sufriendo las consecuencias del mal servicio, y cuyos ingresos no mejoran desde hace una década.
La solución propuesta penalizaría desproporcionadamente a los hogares, cuyo consumo es mínimo comparado con el de usuarios intensivos. Y pese a las promesas esta posibilidad no debe, sin embargo ser descartada; el ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, aseguró que, en el marco del reajuste de la tarifa que cobra la ANDE, el Gobierno no contempla que afecte a los sectores vulnerables. Afirmó que la intención es ajustar la tarifa para el “gran consumidor, ya sea residencial, incluso la industria”. Uno de estos debería ser la minería de criptomonedas, una industria que llegó atraída por la energía barata, y consume una cantidad equivalente a miles de viviendas. De igual manera, sectores electrointensivos o que concentran los beneficios del crecimiento económico se benefician de tarifas baratas que no cubren el costo real del servicio.
La propuesta, no obstante, podría crear una injusticia distributiva: Los hogares, que ya sufren la mala calidad del servicio, terminarán con tarifas más altas con el deterioro de la calidad de vida mientras que los sectores de alto consumo y que contribuyen en mayor medida a la saturación de la red sentirán menor peso relativo.
La solución no deberá ser la misma para todos, y no debe quedar en promesas. Se requiere una reforma estructural que priorice la reducción de pérdidas, combate la morosidad y, crucialmente, establezca una tarifa diferenciada y realista para los grandes consumidores, asegurando que paguen un precio acorde a su impacto en el sistema. De lo contrario, se perpetuará un modelo donde la familia paraguaya subsidia con su bolsillo a sectores que lucran con la energía más barata de la región.
