Mediante la Resolución N° 068-021/2023, el Instituto de Previsión Social (IPS) modificó el Pliego de Bases y Condiciones de una licitación pública nacional para “la contratación de servicios de limpieza e higienización para las distintas dependencias del IPS”. El valor del llamado es de poco más de G. 68.696 millones (USD 9,2 millones).
Según fuentes del diario, una de las firmas que estaría con intenciones de quedarse con el llamado es Potî SA, de Alberto Palumbo. Justamente, el día de ayer viernes, venció el plazo para la presentación de las ofertas por parte de las empresas interesadas.
La apertura de las ofertas está prevista para este lunes 23 de octubre.
Lo llamativo es que esta como otras empresas pertenecientes al grupo empresarial poseen antecedentes que no están registrando avances en investigaciones por parte de entes del Estado.
Cronología. En setiembre del año pasado, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) inició una investigación sobre la licitación con ID 414937 “Contratación de servicios de limpieza e higienización para las distintas dependencias del Instituto de Previsión Social (IPS), declarada desierta en la LPN SBE 171/21”. El valor de la licitación era de unos G. 72.000 millones. Fue Juan Manuel Villar, de la Dirección Operativa de Contrataciones del IPS, la persona que denunció a Potî SA por presentar documentos presumiblemente falsos.
Pablo Seitz, entonces titular de la dirección había suspendido a la empresa. Sin embargo, el pedido de reconsideración realizado por Potî SA a la nueva dirección se sigue dilatando y con ello, sigue habilitado para seguir participando de licitaciones.
El 21 de marzo de este año 2023, la DNCP anunció la apertura de un sumario sobre el mismo caso para determinar si las conductas de Alberto Raúl Palumbo, Carlos José Palumbo y Jorge Miguel Palumbo se encuentran subsumidas en el artículo 72 de la Ley 6716/2021 (modificatoria de la 2051/03).
Este sumario por parte de la DNCP se encuentra postergada hasta que los organismos judiciales tomen una decisión sobre el caso.
Imputación. El 25 de enero de 2023 se realiza la imputación en la Unidad Penal N°4 de la Fiscalía Zonal de Luque a cargo de la agente fiscal Sandra Ledesma bajo la cartilla de causa Jorge Manuel Palumbo Chamorro sobre Producción de documentos no auténticos y otros.
Aquí existirían varios hechos punibles que deberían ser investigados por el Ministerio Público como representante de la sociedad y titular de la acción penal. Esto, teniendo en cuenta que el o los denunciados han presentado una declaración falsa y posiblemente han utilizado documentos no auténticos con la intención de inducir en las relaciones jurídicas al error sobre la autenticidad en la licitación denominada “Contratación de servicios de limpieza e higienización para las distintas dependencias del Instituto de Previsión Social declarada desierta en la LPN SBE 171/21”, cuya entidad convocante es el Instituto de Previsión Social”.
Ya pasaron más de seis meses de la apertura de la causa penal y de la imputación a Jorge Palumbo, sin embargo, nada ha avanzado desde el Ministerio Público.
Otra de las empresas con antecedentes es EISA, la constructora proveedora de Petropar. A pesar del informe lapidario de la Contraloría General de la República (CGR) sobre otras mal realizadas, se desconoce alguna acción del Ministerio Público para investigarla.
DIRECCIÓN. En declaración testifical, el señor Juan Javier Aquino Benítez declaró en enero de este año que la empresa Potî se encuentra ubicada en las calles Padre Cardozo casi España N° 473, de la ciudad de Asunción. Esta es la dirección que declaran en todos a sus escritos, pero llamativamente ya fueron desalojados de ahí. La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) dio lugar a una reconsideración presentada por Potî, sobre una dirección que declaran bajo fe y juramento, sin embargo ya no se encuentran en ese lugar.
9,2 millones de dólares es el monto de la licitación para servicios de limpieza publicado por la previsional.
155 denuncias por violación de los derechos laborales recibió la cartera laboral contra Potî desde el 2018.
