La decisión judicial responde a un recurso “de excepción de incompetencia” de la defensa de Áñez (2019-2020), que solicitaba un juicio de responsabilidades, un proceso reservado a altos funcionarios de Bolivia que saca el caso de la Justicia ordinaria y lo lleva al Legislativo.
Áñez, que está en prisión desde 2021, argumentó que los hechos de 2019 sucedieron cuando ella cumplía sus funciones como presidenta interina y reclamaba que se le reconociera este rol.
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“Este tribunal de manera conjunta declara fundado el recurso de excepción de incompetencia”, declaró el presidente del tribunal, David Kasa.
En una audiencia realizada de manera virtual, la corte dispuso también un “mandamiento de libertad” para Áñez, pidiendo que espere el juicio fuera de prisión. También ordenó que el caso regrese a “fojas cero”, es decir que regrese a su punto de partida, y recomendó “acudir con la proposición acusatoria a la Fiscalía General” para comenzar el trámite en el Legislativo.
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Luego de escuchar el fallo, la ex mandataria afirmó que la decisión “quedará en la historia como el día en que se recuperó la legalidad en el país”.
Áñez había asegurado horas antes que no se niega a un proceso judicial “imparcial” ni a una investigación “seria”, pero reclamó que fuera en el marco de un contexto que le corresponde como ex presidenta de Bolivia.
La legislación boliviana reserva un juicio de responsabilidades a altos ejecutivos del Estado como presidentes, vicepresidentes y algunos magistrados de las altas cortes, entre otros, y para abrir el proceso requiere que la Fiscalía General presente una proposición acusatoria ante el Legislativo.
A partir de ahí, el Legislativo debe aprobar una condena por dos tercios del voto y, si la aprobación procede, el caso es enviado al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que será el órgano que desarrolle el juicio de responsabilidades y al final deberá dictar sentencia.
Durante todo el juicio de responsabilidades, el acusado debe defenderse en libertad, pero Áñez cumple una sentencia de 10 años de prisión por otro caso llamado ‘golpe de Estado II’, acusada de situarse ilegalmente en la línea de sucesión presidencial en 2019, y también afronta al menos otros siete procesos en la justicia ordinaria.
Uno de ellos es este caso que ahora saldrá de la justicia ordinaria, identificado como ‘Senkata’, en el que se la acusa de estar al frente, junto con jefes del Ejército, de intervenciones militares que derivaron en las muertes de 10 civiles después de que asumió el poder en noviembre de 2019, tras la renuncia del entonces presidente Evo Morales (2006-2019).
Ese año, Morales dimitió y salió del país asegurando ser víctima de un “golpe de Estado”, en medio de protestas ciudadanas por denuncias de un fraude electoral a su favor en las elecciones generales que luego fueron anuladas.
Áñez, política opositora que se desempeñaba en ese momento como segunda vicepresidenta de la Cámara de Senadores, activó un mecanismo de sucesión para ser presidenta después de que las personas que la superaban en jerarquía, del partido de Morales, renunciaran junto al ex presidente.
La Fiscalía y el Gobierno la acusaron por esa proclamación al considerar que vulneró los reglamentos parlamentarios porque esa responsabilidad debía caer sobre un legislador oficialista, mientras que la defensa de la ex gobernante señaló que hubo un vacío de poder luego de la dimisión de Morales.
En 2023, el TSJ ratificó la condena de 10 años de cárcel contra Áñez, por lo que, al ser la última instancia a la cual se podía recurrir para anular la sentencia, su defensa se planteó acudir a la vía internacional.
Entretanto, el juicio por el caso denominado ‘golpe de Estado I’ avanzó en los últimos meses con el gobernador suspendido de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y el ex líder cívico de Potosí Marco Pumari como principales acusados; el primero está encarcelado desde 2022 y el segundo desde 2021.
Áñez fue apartada de ese proceso porque ya fue juzgada y sentenciada por los mismos hechos en el caso ‘golpe de Estado II’.
Fuente: EFE
