La iniciativa apunta a establecer un organismo autónomo encargado de detectar, investigar y denunciar irregularidades en los servicios de salud del sector público.
De acuerdo con los impulsores de esta ley, este nuevo ente cubriría un vacío existente en el control de hechos de corrupción que afectan directamente a la atención médica y que, según denuncian, “hoy matan a la gente”.
Sin embargo, el superintendente de Salud Roberto Melcha Melgarejo es uno de sus principales cuestionadores, habida cuenta de que según dijo, colisionará con otras atribuciones.
Los promotores del proyecto señalan que su implementación permitiría mejorar la transparencia y la eficiencia en la gestión de los recursos sanitarios, en un contexto donde las denuncias por corrupción y mal desempeño son frecuentes.
“No veo la necesidad de crear un organismo más que solo va a crear burocracia en el Estado y se va a superponer en funciones con otros estamentos”, dijo Melgarejo.
Mencionó que la solución no es crear más direcciones, sino hacer funcionar bien las que tenemos.
El documento aún se encuentra en su primer trámite constitucional; es decir, tuvo entrada a varias comisiones del Senado para su estudio. Actualmente se encuentra en la Comisión Bicameral de Reordenamiento de la Estructura del Estado, a cargo de Arnaldo Samaniego.
La propuesta contempla que la Policía Sanitaria tenga atribuciones para intervenir en hospitales, centros de salud y otros establecimientos cuando se detecten prácticas indebidas.
