La ley es cuestionada por su excesivo control a las organizaciones, especialmente las que trabajan con temas relacionados a la corrupción y transparencia de los órganos del Estado. En ese sentido, la oposición denuncia que se trata de una persecución para acallar a la sociedad civil.
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“Promulgué la Ley de Transparencia de las Organizaciones Sin Fines de Lucro. La Ley busca establecer un régimen de transparencia y un registro oficial de estas organizaciones, con el objetivo de mejorar la coordinación entre estas y el Estado, fomentando la rendición de cuentas y el impacto positivo para la ciudadanía”, sostuvo el presidente de la República, Santiago Peña, a través de sus redes sociales.
Asimismo, indicó que solicitó al Ministerio de Economía que, a través del Equipo Nacional Estrategia País, se inicien los trabajos para la reglamentación de la ley de “manera participativa con todos los sectores involucrados”.
Promulgué la Ley de Transparencia de las Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL). La Ley busca establecer un régimen de transparencia y un registro oficial de estas organizaciones, con el objetivo de mejorar la coordinación entre estas y el Estado, fomentando la rendición de…
— Santiago Peña (@SantiPenap) November 15, 2024
El proyecto fue sancionado ya el pasado 9 de octubre, pero el Senado demoró más de un mes para remitir a la Presidencia, que de igual manera se tomó su tiempo para la promulgación, en el marco de las críticas hacia la ley e incluso observaciones de organismos internacionales.
Varios organismos, como la Organización de Estados Americanos (OEA), la Organización de las Nacionales Unidas (ONU), el GAFI, Amnistía Internacional, organizaciones de medios y de periodistas, emitieron alertas sobre esta ley que consideran antidemocrática.
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Las organizaciones de la sociedad civil, entre ellas Codehupy, Semillas para la Democracia y el CIRD, se preparan para que cuando la ley sea efectiva, presenten acciones de inconstitucionalidad. La normativa debe ser reglamentada por el Ministerio de Economía luego de dos semanas de su promulgación.
Gina Romero, relatora de la ONU, había enviado una carta al presidente para advertir que la ley se aleja de los estándares internacionales y remarcó sobre el peligro de la aprobación.
“Insisto que de ser adoptada la ley, pondría en grave riesgo el derecho a la libertad de asociación en Paraguay”, había expresado.
Por su parte, el presidente Santiago Peña había defendido el proyecto señalando que “desde el punto de vista legal” no encontraron “ninguna razón” para que la ley anti-ONG “signifique un retroceso o cercenar (derechos)”.
También negó estar a favor de la persecución, de la discriminación o de cercenar derechos que están consagrados en la Constitución Nacional.
Además, recordó que desde el Ejecutivo levantaron su “voz de preocupación” por el texto aprobado en el Senado y plantearon cambios en la Cámara Baja, a los que el senador Gustavo Leite se refirió como “boludeces que quiere Peña”, que fueron aprobados.
