La constructora D&D Arquitectura y Construcción S.R.L. prepara una demanda contra la Municipalidad de Asunción por daños y perjuicios y en reclamo de una deuda de G. 737 millones por falta de pago por las obras realizadas en la plaza Naciones Unidas.
En contacto con Última Hora, el representante de la empresa, Dardo González, responsabilizó a la Comuna, ahora a cargo de Luis Bello, por incumplimiento del contrato homologado el 21 de diciembre de 2022 por la Junta Municipal y firmado por Óscar Nenecho Rodríguez y María Cristina Signorino.
González confirmó el inicio de una acción civil en contra de la Municipalidad para reclamar deudas e indemnizaciones. El reclamo se centra en el incumplimiento financiero que paralizó la obra.
El contrato original era de G. 2.094 millones y, durante la gestión de Nenecho, se amplió a más de G. 2.300 millones. Hasta ahora la Municipalidad solo pagó un monto aproximado de G. 800 millones, aseguró el empresario.
El monto pendiente del Certificado de obras N° 5 asciende a G. 737.416.848, adeudado desde el 05 mayo de este año.
El empresario sostuvo que “si ese monto se hubiera abonado oportunamente, la obra de la plaza ya estaría terminada, ya que el avance era muy significativo y quedaban solo las últimas etapas de ejecución”.
La constructora, además, prevé solicitar una compensación por intereses moratorios y daños y perjuicios. González calculó que las pérdidas asumidas por la empresa en salarios, alquileres y gastos de proyecto, no contemplados en el contrato, superan los G. 400 millones.
“Esos importes corresponden a gastos efectuados en los últimos tres años y no forman parte del contrato original, pero sí serán imputados en el juicio que estamos promoviendo ahora”, precisó.
La Municipalidad, que elaboró el proyecto internamente, incurrió en errores que se vieron reflejados en los planos (situación admitida por el arquitecto Diego Sotomayor) y la planilla de costos, según indicó el empresario.
La planilla, el terreno y los planos no coincidían, lo cual obligó a la contratista a comunicar y corregir las fallas. Esta corrección consumió plazos, ya que la Municipalidad inicialmente negó los errores.
Un incumplimiento crucial fue la ausencia del acta de inicio formal, un documento indispensable que durante la administración de Nenecho no se emitió, a pesar de estar ratificado en resoluciones.
La empresa recurrió al avenimiento ante la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas para pedir una negociación con la Municipalidad, atendiendo a las irregularidades y a numerosos incumplimientos.
Según una nota remitida por la empresa a la Junta Municipal, los pagos de los Certificados N° 2 y N° 3 sufrieron retrasos de entre 6 a 10 meses.
Estos retrasos en el pago, señala la empresa, generaron desfasajes financieros y de plazo que afectaron la ejecución del proyecto
Durante el proceso de avenimiento, la Municipalidad demostró una falta de predisposición para una solución equitativa.
Esto se vio reflejado en una propuesta de acuerdo “sin razonabilidad técnica ni económica”, que incluyó multas “infundadas” y una “reducción desproporcionada del monto certificado” de G. 737.416.848 a G. 60.000.000.
La empresa rechazó el ofrecimiento y ratificó su postura de rescisión contractual por causa imputable a la administración municipal.
El pasado lunes, Luis Bello ratificó la rescisión del contrato con la empresa, y la Junta Municipal avaló esta decisión en la última sesión.
Hubo, sin embargo, cuestionamientos por parte del concejal Humberto Blasco, quien aseguró que la rescisión fue “unilateral” y que la Municipalidad corre el riesgo de recibir una demanda por incumplimiento del contrato.
Dardo González afirmó, por su parte, que la empresa tiene derecho a cobrar el dinero que la Comuna adeuda porque el trabajo realizado en la plaza está “certificado, firmado por la por la fiscal de obras, totalmente documentado y presentado correctamente”.
Manifestó inclusive que Luis Bello “intenta posicionarse como quien está “trayendo una solución”, cuando en realidad lo que hace es evadir el pago y derivar el conflicto a la vía judicial”.
