En un reciente informe titulado El Estado de la democracia en el mundo y las Américas 2023. Los nuevos pesos y contrapesos de la institución intergubernamental IDEA Internacional, se pone de manifiesto el rol crucial que las instituciones formales e informales de pesos y contrapesos han desempeñado en diversos países del mundo para detener la erosión de las democracias y reaccionar ante la consolidación de fuerzas autoritarias.
El concepto de instituciones de contrapeso abarca no solo las formales –y tradicionales– como los parlamentos, cortes y tribunales, partidos políticos, órganos supranacionales, sino que incluyen, además, las informales, como son las organizaciones de la sociedad civil, los sindicatos, los medios de comunicación, el sector privado y las manifestaciones y protestas sociales.
El estudio señala la contracción y el declive de las democracias en todas las regiones del mundo, resaltando, sin embargo, el protagonismo que han jugado estas instituciones de contrapeso para evitar la consolidación de fuerzas autoritarias.
El estudio resalta, por otro lado, la importancia de la acción interinstitucional de manera que tantas instituciones formales (parlamentos, cortes, partidos) en alianza con las informales (sociedad civil, medios, etc) puedan impulsar los proyectos y promover acciones públicas tendientes a la defensa de intereses colectivos.
El estudio plantea recomendaciones que pueden ser útiles para enfrentar las amenazas crónicas que ponen en riesgo a la democracia en la región, destacando entre otras, las siguientes:
a) apoyar procesos electorales con énfasis en mecanismos que garanticen la participación y la competencia justa; b) impulsar la transparencia y el acceso a la información en los parlamentos a fin de multiplicar las fuentes de rendiciones de cuentas; c) promover el pleno compromiso de los gobiernos para proteger el espacio cívico, y d) garantizar la protección legal de la independencia de las instituciones que velan por las elecciones, investigan la corrupción y supervisan programas gubernamentales.
En cuanto al caso paraguayo, la constitución de 1992 se asienta sobre un sistema de equilibrio y recíproco control entre los poderes, incorporando además, la presencia de otros órganos extra poderes como pueden ser la Contraloría, el Ministerio Público, la Defensoría, buscando con ello garantizar una efectiva “rendición de cuentas horizontal” que pueda complementar, desde lo institucional, a la ya consagrada “rendición de cuentas vertical” que es la que se da con el sufragio y la participación ciudadana, en línea, con la definición misma de democracia representativa, participativa y pluralista que adopta nuestra carta magna.
El objetivo de los constituyentes era claro: dividir y establecer límites al poder, en lugar de concentrarlo y ejercerlo sin límites, como venía siendo costumbre en la autocracia stronista.
De este espíritu surgen posteriormente las integraciones de los órganos constitucionales buscando, como principio rector, una participación igualitaria de las fuerzas políticas. Esta ha sido la tendencia mostrada en los últimos 30 años de la democracia en el Paraguay.
Actualmente, sin embargo, el proceso de copamiento de órganos constitucionales que impacta luego en los procesos de selección de jueces y magistrados (justicia a medida del poder de turno) sumados a una mayoría propia del partido de gobierno en ambas cámaras del congreso, desde donde se busca legislar sin debate plural, una oposición con representación reducida y escasa capacidad de articulación, más la complacencia de cierto sector privado y algunos medios de comunicación con las prácticas clientelares y prebendarias desde el oficialismo, ponen en tensión, seriamente, la idea misma del contrapeso, vital para la democracia.
El contrapeso real hoy en el Paraguay, no depende –como lo buscaba la constitución de 1992– de las instituciones formales, sino de aquellas que están por fuera del sistema institucional: los medios de prensa y la sociedad civil organizada. La denuncia permanente de casos flagrantes de corrupción política en los medios y el rechazo al proyecto de ley de superintendencia de jubilaciones, forzado desde las calles y la movilización, lo confirman.
